Editorial del número especial de Unidad Socialista sobre la situación del país en vísperas de la Consulta Popular sobre la Revocación de Mandato
Con las conclusiones del tercer informe de sus investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa publicadas a fines de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha puesto de nuevo en el centro de la atención pública la quemante cuestión que desde 2014 arde en lo más profundo de la conciencia nacional. Y ha demostrado fehacientemente lo que ya era algo considerado como evidente, pero que se quería ocultar de mil y una mañosas maneras por las autoridades de todos los niveles empezando por el más alto, la presidencia de la República. La mal llamada “verdad histórica” con la que el gobierno del presidente Peña Nieto quiso darle carpetazo al crimen de la noche del 25-26 septiembre de 2014 en Iguala, no era verdad y menos histórica sino una monstruosa ficción salida de una conspiración en la que participaron varias de las instituciones centrales, las más importantes del estado mexicano. Tal es el resultado de una investigación de más de un millón de fojas, de multitud de videos y de muchos más testimonios que demuestra sin lugar a dudas la conspiración criminal e ilegal, rupturista total del supuesto “estado de derecho” que rige al estado mexicano.
El GIEI estableció que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), la Policía Federal (PF), el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen, dependiente de la Secretaría de Gobernación), cometieron ”falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas de crimen” entre otros hechos para construir y difundir su versión ficcionalizada por completo de que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
”A excepción de Tomas Zerón de Lucio quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y está ahora prófugo en Israel, sujeto a una solicitud de extradición por su participación en actos de tortura, los entonces titulares de esas instituciones han continuado sus vidas y carreras sin enfrentar la justicia y algunos incluso han ascendido en el servicio público”. (Mathieu Tourliere, en Proceso, 03.04.2022).
El propio Peña Nieto, Jesús Murillo Karam (PGR) y Eugenio Imaz Gispert (Cisen) han escogido un retiro dorado de la escena pública. Otros siguen disfrutando de sabrosos honorarios como el ex secretario Vidal Francisco Sobaron (Semar) hoy asesor de Rafael Ojeda Duran secretario de la misma dependencia que recibió 1 millón 980 mil pesos del erario en 2021, según su declaración patrimonial. Miguel Ángel Osorio Chong (Gobernación) es el jefe de la bancada priista del Senado. Todos sabemos el escándalo del ex secretario de la Sedena el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exonerado por el gobierno obradorista después de su extradición de Estados Unidos, en donde le esperaba una sentencia de cadena perpetua, acusado de colaborar con los carteles de la droga y a quien se le vio muy orondo en la inauguración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Otro militar, Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo fue elevado a jefe de Estado Mayor por Peña Nieto y hoy es director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El civil Omar Garcia Harfuch, quien era el coordinador de la Policía Federal en Guerrero, fue nombrado por Peña Nieto como director de la AIC en sustitución de Zerón y encabeza actualmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Y así podríamos seguir con otros casos de funcionarios que sin preocupaciones sienten que pueden seguir gozando de impunidad.
Esta explosión de evidencias ha sido resultado de una presión nacional sobre este infame escándalo mayúsculo del estado mexicano cuya expresión más alta la ha dado la terquedad indómita de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos quienes no han cesado en estos siete años de protestar incansable y elocuentemente para que se les haga justicia. Hace unos días su voz ha resonado en todo México cuando dijeron que”están enojados, encabronados porque se le ha visto la cara”. Han dicho lo que millones de mexicanos y mexicanas sienten en lo más profundo ante el desfalco de impunidad e injusticia que sigue prevaleciendo pese a todo en nuestro país.
Solo así se puede explicar que el GIEI haya podido acceder a la monumental cantidad de evidencias que el presidente López Obrador se vio obligado a ponerles a su disposición, evidencias que la Sedena y Semar se negaban a exhibir. Hoy es indiscutible lo que era un secreto a voces por todo el país: los militares sabían y participaron en todo lo ocurrido esa terrible noche de Iguala, conocían perfectamente a los 43 y todo lo que hacían pues los habían infiltrado, se encargaron de actuar antes que las autoridades judiciales entraron en la escena del crimen para arreglarla a modo, en operaciones burdas que solo la abrumadora intervención falsificadora de un aparato estatal al servicio de la injusticia, impunidad e inhumanidad podían hacer posible aunque fuera por un corto espacio de tiempo. Pero la verdad no podía esconderse por siempre. Está saliendo a borbotones y solo espera que se haga conciencia colectiva y llame a cuentas en una acción revolucionaria masiva a los culpables de haber convertido a México en un gran sepulcro y una tierra inhóspita de violencia y corrupción.
Ciudad de México, 3 de abril 2022