Milton D’León https://www.laizquierdadiario.com/

Colombia ya se encuentra en la tercera semana de protestas y movilizaciones, en una rebelión sin precedentes cercanos en su historia nacional. A pesar de que se ha acelerado la “unidad” por arriba que se ha conformado para sacar a las masas de las calles, incluyendo a sectores del llamado campo “progresista”, hasta el momento se les ha hecho difícil desmontar un proceso que ha calado en los cimientos de Colombia, marcando un antes y un después en la lucha de clases del país, con grandes repercusiones en América Latina.

La eclosión de la lucha de clases en un hito histórico

La fuerte crisis económica, social y sanitaria, una de las peores que ha tenido Colombia en su historia, fue acumulando las tensiones internas a la par en que se acentuaba el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, acelerando todo un proceso que ha tenido como resultado la irrupción del movimiento de masas durante la pandemia. Asistimos a una rebelión en la que se ha estrechado en las calles una alianza obrera-campesina-indígena-juvenil, como nunca antes se había dado, aunque sin alcanzar niveles de organización superiores. “Ante el carácter inédito del presente, resulta difícil predecir qué puede pasar”, suelen expresar analistas [1].

Es que surgió una rebelión contra una situación intolerable. Trabajadores, campesinos, indígenas organizados y sobre todo una juventud sin nada que perder y sin futuro emergieron de todas las ciudades, pueblos y rincones del país, desarrollando grandes acciones por sus derechos fundamentales y para no continuar siendo condenados en la miseria. Cerca de 850 municipios de los 1122 que componen Colombia emergieron en esa vorágine con gran fuerza e intensidad de manera inusitada. En la región central, pero sobre todo en el llamado triángulo de oro conformado por Bogotá, Medellín y Cali, donde se concentra el mayor desarrollo industrial del país, las protestas fueron intensas, además de ciudades como Pereira, Manizales e Ibagué donde se dieron los principales cortes de ruta paralizando la distribución de mercancías; de igual manera se observó en la costa del Caribe en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Riohacha; lo vimos también en Tunja, Bucaramanga y Barrancabermeja en Boyacá y los Santanderes; en el suroccidente se vieron las manifestaciones en lugares como Neiva, Pasto y Popayán; en los llanos orientales como en Villavicencio; Quibdó en el Chocó, en fin, todo un país movilizado. Y en momentos en que escribimos este artículo, la ciudad de Popayán, capital del Cauca, en el oeste de Colombia, se ha convertido en un nuevo foco de las protestas antigubernamentales que están sacudiendo al país. Duque ha ordenado ponerla bajo toque de queda.

En esta situación, las masas se han enfrentado a una policía militarizada hecha para la guerra, que ha participado durante décadas al lado de las Fuerzas Armadas en el combate a la insurgencia, también han enfrentado al propio ejército luego de que Duque ordenara la militarización completa de las ciudades del país y el despliegue de toda una violencia de Estado, cometiendo aberrantes crímenes y violaciones de derechos humanos. Los datos más recientes al momento de escribir este artículo señalan al menos 48 asesinados, 1.780 heridos, 1.180 detenidos y 548 desaparecidos.

Si la rebelión que emergió el 28 de abril ha sido de mayor magnitud y prolongación que la primera eclosión del 21 de noviembre del 2019, los acontecimientos en curso no pueden explicarse sin esa irrupción del pueblo de hace un año y medio. En aquel entonces, por la primera vez en décadas, se dio una contundente explosión del hastío del pueblo colombiano, acumulado por años de extrema desigualdad social impuesta por una rancia clase dominante, y un régimen profundamente represivo, en uno de los países del mundo que se caracteriza por tener más asesinatos de sindicalistas, dirigentes sociales y defensores de la tierra, ostentado una sangrienta estela de decenas de miles de muertos y desaparecidos. Tanto temió el régimen duque-uribista, que llegó a tomar medidas tan extremas como el cierre de fronteras con cuatro países vecinos y la alerta máxima con el acuartelamiento del Ejército.

Para esas fechas sonaron las alarmas de las clases dominantes, confiadas hasta ese momento en su régimen “estable” y su democracia liberal asentada en las bayonetas y el terror durante décadas. Buscaron tener una política “audaz” para desactivar el posible desarrollo de una nueva etapa de auge de la lucha de clases en esa Colombia profunda, postergada y humillada durante tanto tiempo, llegando hasta proponer un “gobierno de coalición” con el conjunto de las fuerzas políticas. Pero calcularon mal, pensaron que el confinamiento al que iban a someter al pueblo por la pandemia les iba a permitir ganar tiempo y llegar a las próximas elecciones del 2022 en situación de más control y que podría actuar como un disipador de las tensiones políticas con un eventual cambio de gobierno. Es que, como señala Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical,»En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva».

Pero la propia pandemia y la crisis sanitaria, con el consecuente aumento de los niveles de pobreza, vino a actuar como un potenciado catalizador del proceso de la lucha de clases que se iba expresando en explosiones sociales como las vividas en los meses de septiembre y octubre del 2020, donde toda una juventud hizo su ensayo en el enfrentamiento callejero contra la policía, con semanas de agitación y revuelta, dejando como saldo 13 muertos.

Es que las contundentes manifestaciones en Colombia no responden solamente a las recientes medidas antipopulares del Gobierno de Duque. Las masas han salido por el acumulado de las grandes deudas históricas de una Colombia que, con su “oligarca” clase dominante –aliada servil del imperialismo estadounidense en la región– ha mantenido al pueblo sometido y siendo cada vez más despojado. Y esto no es una expresión metafórica. Tras la fachada de la “modernización” de algunas ciudades y una reducida clase media acomodada, se esconde un continuo aumento en los niveles de explotación, con extenuantes ritmos de trabajo y una extendida precarización laboral, así como la condena a la pobreza de amplias franjas de la población. Con el pretexto del combate a la guerrilla han llevado a cabo una política brutalmente represiva y persecutoria contra las expresiones de lucha del pueblo, además de cientos de miles de campesinos que fueron despojados de sus tierras a lo largo de décadas. Todo esto, mientras Colombia se jacta de ser uno de los países que más fielmente ha pagado la deuda externa, siendo que durante los últimos 80 años jamás incumplió sus “compromisos” con los acreedores internacionales, acumulando a su vez esa gran deuda con el pueblo que es la que ha explotado.

No han faltado las comparaciones o analogías con el Bogotazo de 1948 o incluso con el gran paro del 21 de septiembre de 1977. Si bien como explosión social el Bogotazo sacudió a todo el régimen colombiano (tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que luego diera origen a las guerrillas), la resolución que terminaron imponiendo en ese entonces fue todo un engranaje represivo que se asentó por décadas. Se daba en momentos en que recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo estadounidense emergía de la misma con toda su hegemonía a escala mundial, jugando un gran papel para transformar el país en una cabecera de playa para el dominio en la región y hacer valer lo del «patio trasero» del continente. Lo acontecido durante el 21S del ’77 del siglo pasado ha sido superado con creces con la actual rebelión.

Pero todas las circunstancias nacionales como internacionales son completamente distintas a la de aquellos años. Colombia vive una de las mayores crisis sociales y económicas conocidas en su historia, en el cruce de una pandemia a escala mundial, así como un fuerte declive del imperialismo, sin dejar de hablar de las condiciones de la economía mundial. Pero más aún, estos hechos se dan en una situación pendulante en América Latina, de crisis de gobiernos y regímenes y un emerger de la lucha de clases, donde la propia Colombia es un motor de la misma. Otros vientos soplan en la actual situación.

Contradictoriamente, las masas irrumpen en un momento de debilidad de sus propias organizaciones, debilidad explicada, en primer lugar, sobre todo por la política represiva previa que fue desmontando organizaciones sindicales, campesinas y sociales, y en segundo lugar por el asentamiento de burocracias que no ha sido más que destacamentos de avanzada para imponer la hegemonía sobre los trabajadores. El Comité Nacional del Paro, que se autonombró como tal en el 2019, está más alejado del actual torrente que se ha desatado, y más bien, su único papel ha sido el poner fechas a protestas y movilizaciones de un día, que el pueblo toma extendiéndolas por semanas, cuestión que abordaremos más adelante.

La juventud que emerge en el torbellino de las masas: «Se metieron con la generación que no tiene nada que perder»

En Colombia los jóvenes de entre 14 y 26 años representan el 21,8 % de la población del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Justamente esa franja etaria es de las más golpeadas desde el punto de vista social por la pandemia porque han visto aumentar la pobreza en sus hogares, el desempleo, la pérdida de oportunidades educativas y hasta la libertad de recreación y diversión. No es solamente la juventud estudiantil sino la juventud en general, con un desempleo del 30 % para las mujeres jóvenes, y en algunas ciudades estos números se elevan mucho más.

De acuerdo a la Escuela Nacional Sindical, que lleva el Informe de Coyuntura Económica, Laboral y Sindical, con respecto a la juventud detalla que:

Entre mayo y julio de 2020, el 33 % de ellos no estudió ni trabajo; es decir, hubo casi 15 millones de jóvenes que no tuvieron ninguna oportunidad para percibir ingresos, de los cuales la proporción más alta son mujeres: el 42 % frente al 23 % de los jóvenes que cayeron en esa condición de NiNis (jóvenes en edades entre 14 y 28 años, que no trabajan y no participan de ninguna actividad de enseñanza o de formación). El incremento de la población que no estudia ni trabaja fue de 10 puntos, cuyo efecto estuvo en la crisis, si se considera que entre mayo y julio de 2019 esta población era del 22 % del total de los y las jóvenes.

Además, agrega que entre mayo y julio de 2020 el 50,4 % de los jóvenes en edad de trabajar también estuvieron inactivos, pero en el caso de las mujeres esta cifra alcanzó el 59 %, al tiempo que, durante la pandemia, el desempleo juvenil llegó al 29,7 %, esto es, 12 puntos porcentuales por encima del desempleo juvenil reportado en el 2019, que ese año cerró en el 17 %. Esta realidad afecta más a las mujeres, cuando llegó al 37,7 %, en su caso, y al 24,1 % en el de los hombres jóvenes.

Es de ver también todo el entramado social de estos jóvenes en sus múltiples relaciones. Muchos de ellos tienen o han tenido vínculos con los que fueron falsos positivos, es decir, entre los más de 6.400 jóvenes civiles asesinados por el ejército entre 2002 y 2008 en los barrios populares y contabilizados por las autoridades militares como “bajas en combate”, el crimen más infame y cobarde de los muchos perpetrados por el régimen colombiano y sus Fuerzas Armadas. Son jóvenes que también han visto a sus padres y abuelos sufrir la cruenta represión en décadas pasadas. Todo esto lo tienen en un claro presente, nadie se lo tiene que contar.

Si según las encuestas el 73 % de la población apoya los llamados al paro nacional, de entre todos los que movilizan, el 80 % lo compone la juventud. Durante todos estos días que llevan los trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores en las protestas y manifestaciones, la juventud ha venido jugando un papel muy preponderante y jugando un papel destacado en la primera línea en las distintas ciudades y sobre todo en Cali, foco de la rebelión. A pesar de la fuerte represión no abandonan las calles, por el contrario, cada día vuelven a poner su energía, su fuerza, su disposición a la pelea.Insisten en ir a la primera línea de las protestas.

Es de considerar como una cuestión fundamental que la emergencia de la juventud consiguió abrir una fuerte grieta en un régimen que aparentaba ser sólido, sobre todo en sus enfrentamientos en la guerra del narco y contra la insurgencia. Perforó una estructura que se creyó por décadas inamovible. Pero logró perforarla abriendo una hendidura enorme como esas que se generan en un terremoto sobre una calle de ciudad o carretera próxima al epicentro. Es un taladrar constante y al unísono de esta juventud que ha logrado en este casi año y medio que Colombia se ve en vuelta en sísmicos movimientos, romper la fortaleza de las clases dominantes y hacerse sentir en cada punto del país. Son esos jóvenes que en las primeras de cambio arrinconaron al Ejecutivo, al punto de forzarlo a retirar la fallida propuesta de reforma tributaria que detonó las movilizaciones, incluso haciendo caer ministros.

En determinadas regiones sobre todo en Cali estos jóvenes han conseguido, en alianza con trabajadores, camioneros, campesinos e indígenas paralizar la producción, el abastecimiento y el transporte. Basta observar los bloqueos que se dieron en Dos Quebradas y Pereira, camino a Manizales y Medellín, como me detallara Manuel Rosental, médico y activista residente en Armenia, desde el propio lugar de los hechos. Si en algunos lugares las protestas han tendido a la baja, es en Cali donde la intensidad no cesa. Es que el descontento allí es foco tanto por los grandes niveles de desigualdad como también por ser esta ciudad próxima a la conflictiva región de Cauca, donde decenas de líderes sociales han resultado asesinados durante y luego de la firma de los acuerdos de paz.

Cuestión clave a señalar también es que estos jóvenes no se sienten representados por el Comité Nacional del Paro. Como señala la periodista Daniela GuzMar:

Son amplios los sectores, sobre todo la juventud, los que no confían en los dirigentes que integran el Comité Nacional del Paro, que en principio se sientan a negociar con un gobierno que ni siquiera ha detenido la represión, por el contrario, la intensifica, tal como lo hizo el domingo por la noche, un día antes de [de la primera] reunión[entre el CNP y Duque], al aumentar la presencia militar en Cali, prácticamente haciendo efectiva una orden de conmoción interna. Teniendo en cuenta lo anterior, por ejemplo, son jóvenes en Bogotá los que manifiestan que “las centrales obreras y las falsas representaciones quieren tomar el dominio de las negociaciones del paro. Los sindicatos no han parado, solo han citado a 4 marchas y nunca aceptaron citar a ‘paro indefinido’ durante la convocatoria al 28, para ellos era una marcha de 20 calles en cada ciudad y hasta ahí llegaba el paro”.

Lo mismo lo manifiestan en Cali los jóvenes de Puerto Resistencia, sector suroriente de la ciudad, el antiguo barrio de Puerto Rellena, rebautizado por la propia juventud. Allí es donde los niveles de organización de la juventud más se han desarrollado. El corresponsal del diario El País en dicha ciudad relata que “El barrio está rodeado de barricadas y retenes. Se ha erigido como una pequeña república independiente donde ha desaparecido la presencia del Estado”. Agrega que “Puerto Resistencia tiene vida propia. Hay asambleas donde se discute el futuro de la nación y hospitales improvisados para atender heridos”. Es que son jóvenes que han crecido con la impotencia de la injusticia social, entregando su vida en la primera línea, sufriendo la más cruda represión mientras son excluidos en sus demandas fundamentales. A esta juventud es a la que el Gobierno de Duque ha buscado quebrar golpeando duro con los asesinatos, heridos, desaparecidos y detenidos. Pero sin dejar de hacer sus tentativas de engatusarla con las “mesas de diálogo” [2]. La juventud muestra de distintas maneras su rechazo a la mesa de diálogo del Gobierno.

La desesperación del diálogo y el desmontaje, el papel de las burocracias sindicales y del llamado campo progresista

Si hay algo que corre aceleradamente en toda la superestructura política colombiana es la maquinaria del diálogo, que se encuentra en un proceso intrincado de negociaciones. Desde la Iglesia a las cámaras empresariales, del Ejecutivo al Congreso de la República, desde figuras preminentes o ex presidentes o magistrados a partidos políticos de todos los colores, desde los más de derecha hasta el llamado progresismo como los que componen el Bloque Histórico de Gustavo Petro, Coalición de la Esperanza, entre muchos otros, se activan tras esta política. Hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha decidido envolverse. Todos quieren que se levanten las protestas, todos quieren desmontar el proceso al que temen que se desborde, su terror es al escalamiento de la situación y que trastabille el régimen de conjunto.

Tanto la Coalición de la Esperanza como el Pacto Histórico de Gustavo Petro vienen trabajando para el éxito de la política de diálogo. Esta política la ha formulado Petro explícitamente en una reunión con el Comité del Paro. Les dijo que deberían haber “declarado el triunfo” después del retiro de la reforma por parte de Duque, y tomando nota de la distancia entre las direcciones sindicales y la juventud precaria y barrial que sigue combatiendo y no quiere irse a su casa, les aconseja definir uno o dos objetivos inmediatos y sentarse a dialogar con el gobierno. De esta manera le rinden un servicio invaluable a la clase dominante, actuando para salvar al gobierno de Duque que está debilitado, evitar su caída y consolidar el desvío del proceso hacia las elecciones del año que viene.

Pero esta convocatoria del gobierno y demás sectores ha encontrado una rápida respuesta favorable de las direcciones del Comité Nacional del Paro, que alejadas de la bronca que encendió las protestas, se juegan a encauzar la rebelión detrás de un llamado a la conciliación y la respuesta pacífica frente a la violencia estatal. Así, para el 10 de mayo representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General de Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, la organización camionera y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, entre otros acudieron a un primer encuentro con el Ejecutivo. Pero en ese momento no consiguieron su objetivo.

Cuatro días después han vuelto a la tentativa. En el momento en que sale a la luz pública este artículo se estará desarrollando un nuevo encuentro. El ministro de Trabajo del Gobierno de Duque, Ángel Custodio Cabrera, y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunciaron que este 16 de mayo comenzará una vez más el proceso de negociación entre las partes. Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, ratificó la decisión de iniciar una negociación con Duque, tras una reunión con la Organización de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, que actuarán como garantes en el proceso del diálogo. La reunión entre la ONU y la jerarquía de la Iglesia Católica y los del CNP se había desarrollado previamente en los entretelones.

Es de considerar que con estos nuevos factores como mediadores entre el Gobierno de Duque y los del CNP, de conseguir avanzar, podría cambiar, al menos por arriba, el curso de la situación, aunque por abajo sigan las protestas y movilizaciones. Pero aún no está dicha la última palabra en un proceso que continúa su curso abierto.

Se trata de la réplica del 2019. Luego de las jornadas de protesta de noviembre de ese año, la burocracia de las centrales sindicales en el Comité Nacional de Paro se embarcó en un largo proceso de diálogo que le dio un respiro a Duque y no cambió nada en la realidad de Colombia. Esta vez el pueblo trabajador y pobre, los campesinos y todos los sectores en lucha tienen planteado evitar esta trampa y avanzar contra el gobierno y todo el oprobioso régimen colombiano.

Colombia y la cuestión regional, claves de una nueva situación

En la escala regional, hablar de Colombia es hablar de uno de los bastiones más importantes del imperialismo estadounidense. Son décadas de un dominio político y presencia directa, donde incluso sus representantes diplomáticos en diversas etapas han actuado como procónsules en el propio país. Toda el área que compone Centro América, el Caribe y la parte norte de Sudamérica, como los países de Venezuela y Ecuador, ha sido incidida directamente por la política de Estados Unidos, donde la presencia militar ha sido marcante. Todo esto ha tenido su máxima expresión con el Plan Colombia. Esta es una primera cuestión de relevancia de la incidencia de la crisis colombiana.

De allí que un aspecto derivado de esta nueva situación de rebelión en Colombia, es el debilitamiento de uno de los principales y más abyectos aliados del imperialismo estadounidense en la región, no solo ahora con Duque, sino desde hace décadas ya. Desde la cantidad de bases militares estadounidenses y la práctica subordinación de las FF.AA. colombianas a las directrices del Comando Sur, hasta la actuación como base de operaciones y punta de lanza de las movidas injerencistas de Trump durante el 2019 hacia Venezuela. Si la rebelión popular en Chile viene a ser un golpe para el conjunto de la derecha aliada del imperialismo en la región, esta nueva situación que comienza a abrirse en Colombia puede ser un problema mayor para los planes del imperialismo estadounidense, y sobre todo para el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

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