LA FARSA DE LA “CONSULTA NACIONAL”

¡Juicio a los ex presidentes ya!

Declaración de la Liga de Unidad Socialista (LUS)

“No soy tapadera de nadie” ha dicho muchas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Y señala de inmediato uno a uno a los expresidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto pasando por Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón siempre mencionando alguno de los tantos crímenes que cometieron durante sus gobiernos. Y continúa diciendo, por eso es necesaria una “consulta” para preguntar al pueblo si se les castiga “si o no”. Después de estas palabras en un giro abrupto termina añadiendo “pero yo no participaré” en la consulta.

Perdón o castigo a los expresidentes

Así que Amlo, el presidente de México que fue electo por más de 30 millones de mexicanos y mexicanas en 2018 en gran medida por su larga propaganda electoralista contra la “mafia del poder” ejemplificada por los dirigentes políticos gobernantes encabezados por los odiados presidentes mencionados, él ya como presidente de la República ha retrocedido y concluido que después de todo considera una venganza el castigo a sus antecesores en el Palacio Nacional y por tanto en la práctica los perdona y se abstiene de dar su voto afirmativo para castigarlos en la consulta del próximo domingo 1° de agosto que él mismo ha propuesto, convocado y su partido Morena promueve a través de sus diputados, senadores y seguidores en todo México. ¡Qué posición tan incómoda adopta Amlo ante sus partidarios!

La incongruencia personal de Amlo es una expresión elocuente de la situación de su gobierno. ¿Qué está atrás de esta inconsecuencia tan evidente? La justicia es lo más alejado a la venganza. Hacer justicia es el deber de todo gobernante, pero la justicia no es nunca aplicada en abstracto. En el mundo real son los estados los encargados de fundar, mantener y ejercer los procedimientos de los sistemas de impartición de justicia. La judicatura del estado mexicano es una judicatura burguesa hasta el tuétano. Como lo sabemos todos e incluso uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia lo reconoció recientemente, el sistema es corrupto, beneficioso para los ricos y verdugo sádico de los pobres. La inconsecuencia de Amlo convertido en presidente de la República se explica por el simple hecho de que él es hoy quien encabeza este régimen al servicio de los capitalistas, cuyas mil y una redes determinan el aparato estatal, incluido el judicial, del que son en última instancia los dueños. Es por tanto como pedir peras al olmo pensar que un aparato sometido a los grupos capitalistas dominantes (políticos, económicos, militares, culturales, etc.) sea capaz de ofrecer justicia y castigar a quienes son en realidad sus servidores y dueños.

Necesidad de castigar la impunidad 

La abrumadora mayoría del pueblo mexicano, los trabajadores, hombres y mujeres, del campo y la ciudad, viejos y jóvenes, obreros, maestros, estudiantes, empleados de los servicios, del comercio, todos los explotados y oprimidos en este brutal y violento país capitalista en que vivimos tienen sed de justicia. Ellos están convencidos de que esos nefastos personajes y sus cercanos colaboradores deben ser castigados. No se necesita ninguna “consulta popular” para saber que sus crímenes ameritan su castigo. El odio de los más amplios sectores populares a la casta de privilegiados políticos y económicos de los partidos “registrados”, de los militares y policías represivos y de los grandes dueños del capital es evidente y es muy fácil probarlo. No es equivocado decir que Amlo debe en gran medida su victoria del 2018 a la promesa de que castigaría a los presidentes anteriores. Esta propuesta de la “consulta popular” representa para él el cumplimiento de su promesa. Pero como todo gobernante burgués en realidad no está cumpliendo su promesa electoral de castigo a los ex presidentes sino está traicionándola. No por nada él es un buen prototipo de gobernante burgués capaz de elevarse a grandes alturas de simulación y demagogia.

No ha habido justicia en México desde hace mucho para quienes desafían el orden capitalista imperante. No la hubo en 1968 para las víctimas de la masacre de Tlatelolco, ni castigo para sus ejecutores empezando por el presidente Díaz Ordaz, no la hubo en 1971 para los asesinados en el “halconazo” y en la “guerra sucia” que siguió ni castigo para sus ejecutores empezando por el presidente Echeverría. De hecho la casta de jueces que encarna la “justicia” ha declarado que esos crímenes cometidos por el régimen político mexicano “han prescrito”. Como han prescrito también, según ellos, los muchos otros cometidos por los sucesores de los presidentes mencionados.

Precisamente la Suprema Corte de Justicia (SCJN) compuesta por los privilegiados jueces que mensualmente se embolsan medio millón de pesos (más las numerosas prerrogativas que tienen aparte) han sido quienes han puesto un obstáculo mayor para la participación en la consulta con la pregunta que impusieron para la misma que no incluye ni la mínima mención a los expresidentes, que representa un incomprensible galimatías que rechaza en vez de atraer a la ciudadanía.

Siendo fieles a quienes los han puesto en ese puesto privilegiado, o sea precisamente los expresidentes de la Republica que supuestamente se va a enjuiciar, los jueces de SCJN como representantes máximos de la judicatura mexicana, han redactado esta pregunta deliberadamente ambigua para que no se entienda lo que era el propósito original de la consulta, el enjuiciamiento y castigo de los expresidentes y sus cercanos colaboradores. Además los mismos dirigentes de Morena, incluido Amlo, saben perfectamente que no será posible de ningún modo que el 1° de agosto voten los 36 millones (o sea cuatro millones más de los votos que llevaron a Amlo al Palacio Nacional). que se requieren para hacer vinculatoria el resultado de la consulta. Entonces ¿cuál es el verdadero objetivo de una consulta que no tendrá ninguna consecuencia jurídica?

La cuestión política de fondo                                                                   

Es interminable el rosario de crímenes del régimen político mexicano encabezado por el PRI y el PAN con la asesoría del PRD y a partir de 2018 por Morena. Es el régimen político represivo y corrupto del sistema capitalista mexicano. La barbarie del PRI que continuó con el PAN está grabada en la historia de México. Su inicio contemporáneo fue Tlatelolco, continuó con “el halconazo” y la “guerra sucia” y los últimos presidentes priistas, acompañados por los dos presidentes panistas, continuaron aumentando ese legado de terror, que a partir de los años noventa se unió a la violencia de los cárteles delincuenciales con nuevas masacres, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros añadiendo a este espanto una invención infernal, las desapariciones. La genealogía de este horror quedó expresada en  nombres que estremecen la conciencia nacional Acteal, Aguas Blancas, El Charco, los Loxichas, Tlataya hasta llegar al que en 2014 conmocionó al país: la noche de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa.

Con el gobierno de Amlo la violencia no ha menguado, al contrario se ha desbordado ante el fracaso palpable de la estrategia obradorista de “abrazos, no balazos” que los cárteles no respetan. Sigue derramándose la sangre de periodistas, líderes campesinos, ambientalistas y, lo que es horrible los feminicidios no cesan con un promedio de una decena diarios.

Pensar que la impunidad se combatirá en este gobierno es ilusorio. Ya existen las muestras de que es banal esperar una real lucha contra la impunidad en el gobierno de Amlo compuesto en su mayoría por antiguos y actuales priistas, perredistas, panistas y un plumaje de políticos provenientes de los corruptos partidos “registrados”. El general Salvador Cienfuegos, fue detenido y acusado en Estados Unidos de colaborar con la narcodelincuencia durante el gobierno de Peña Nieto en el cual se desempeñó como el jefe del ejército. El general Cienfuegos  fue protagonista clave de los trágicos acontecimientos de la tragedia de  la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la que participaron militares acuartelados en Iguala. Ante la petición del gobierno de Amlo fue devuelto a México en donde se le exoneró de toda culpa y hoy disfruta cómodamente de sus privilegios en su mansión particular. Algo parecido sucede con Emilio Lozoya el super corrupto exdirector de Pemex en el gobierno de Peña Nieto quien como “testigo protegido” también disfruta de un régimen privilegiado en su mansión privada. Y se pueden agregar muchos otros casos de la impunidad y la negligencia del gobierno de la “Cuarta Transformación” en la causa que ha sido su bandera, la denominada “lucha contra la corrupción”.

La “consulta” del 1° de agosto tiene un destino igualmente triste y estéril. Es un acto diversionista del gobierno encaminado a desviar la atención sobre los verdaderos problemas irresueltos y cada vez más acuciantes. Por ejemplo, la total reestruucturación del sistema sanitario nacional que en su campaña Amlo prometió ponerlo a la altura de los sistemas sanitarios escandinavos y que durante la pandemia se demostró cuán lejos está de satisfacer las necesidades urgentes de la salud de la población. Es parte de la práctica improvisada que ha caracterizado al gobierno desde su inicio con esa rifa del avión presidencial que hoy nadie recuerda pero que ha significado el derroche de cientos de millones de pesos en una situación en la que las carencias públicas son innumerables. Es una acción distraccionista parecida a la decisión de Amlo de adelantar a tres años de distancia de las elecciones del 2024 el destape de quienes serán los posibles candidatos de la sucesión presidencial. Son los reflejos condicionados de un gobierno que ha recibido un shock tremendo durante las elecciones de junio pasado al perder la mitad de su hegemonía en la Ciudad de México, bastión del obradorismo desde hace más de dos décadas.

Hacia un frente nacional

Las condiciones maduran cada vez más para que en la escena política la auténtica lucha de clases comience a quitarle la iniciativa a la demagogia gubernamental. Hay muchos indicios que así lo anuncian los estudiantes normalistas rurales desde Chiapas a Guerrero no cesan en sus protestas, los jubilados y pensionados luchan contra la decisión gubernamental de medir sus mensualidades en Umas (Unidad de medida actualizada), los maestros de la CNTE se mantienen firmes ante la tibieza y capitulación de algunos de sus dirigentes, las movilizaciones de los despedidos por el gobierno crecen, la heroica lucha del sindicato de Notimex cumplió más de un año de mantener sus metas contra la terquedad del gobierno obstinado en defender a la dirigente charra. Los trabajadores automotrices de la General Motors en Silao se enfrentan a un intento de fraude electoral de los charros, la lucha contra la violencia se fortalece y las campañas contra el miedo que aterroriza se organizan para preparar su respuesta.

No va a ser con otra “comisión de la verdad” como se va castigar a los expresidentes. Los padres de los 43 de Ayotzinapa saben lo que significa el papeleo y la burocracia de estas comisiones. Desde el 2018 se instaló una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa que no ha avanzado una pulgada con respecto a la “verdad histórica” de Murillo Karam. Según el funcionario encargado de la Comisión su conclusión es que “la verdad es que no hay verdad”.

Entender que el gobierno de la 4T no es nuestro gobierno, que es el de los verdugos que oprimen y explotan a los trabajadores y a todos los oprimidos es el abc de la consciencia popular, plebeya, proletaria sin la cual no es posible avanzar ni un paso hacia la emancipación social del pueblo trabajador de México. El camino de la victoria está en la Huelga Nacional, en su preparación con movilizaciones, con mítines, con protestas en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades, en los servicios, en los conjuntos habitacionales, en el campo, en dondequiera.

Todos los explotados, agraviados y oprimidos unidos en un gran frente de lucha que impulse en las calles, en las fábricas, en las escuelas la acción contra la impunidad, la represión, la violencia de los militares, los policías y también de los cárteles. Sólo esta acción masiva, radical, independiente, libertaria será capaz de impulsar el surgimiento de un gobierno obrero, campesino, indígena y popular capaz de transformar a México en un país verdaderamente democrático, igualitario, feminista, ambientalista, socialista e internacionalista.

Ciudad de México, 28 de julio de 2021

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