Las fases de la Guerra de Independencia en México (1808-1821)

Olmedo Beluche 01/09/2021

Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/las-fases-de-la-guerra-de-independencia-en-mexico-1808-1821

En marzo de 1808, previendo Godoy las acciones de los franceses, retira de Madrid al Rey, instalándolo en Aranjuez, pero planeando un retiro a Sevilla y posiblemente a América dependiendo del avance de las tropas francesas. En ese momento, los sectores descontentos de la nobleza se alían con su hijo, Fernando VII, y apoyados por un motín popular asaltan el palacio, arrestan a Godoy y fuerzan la abdicación de Carlos IV a favor de Fernando. Pero Fernando VII no alcanza a gobernar, ya que es obligado por Napoleón a trasladarse a la ciudad francesa de Bayona, al igual que su padre, donde a ambos se les exige abdicar en favor de José Bonaparte (Abdicaciones de Bayona) (Beluche, 2012).

  1. La primera Junta y el primer golpe de Estado (1808)

En 1808, se produce en Nueva España la primera crisis entre la institucionalidad monárquico absolutista y algunos sectores del criollismo que intentaron reformas elementales con la creación de una Junta Gubernativa. Aunque parezca contradictorio, este segundo sector reformista estuvo encabezado por el propio virrey José de Iturrigaray.

Tal vez la motivación personal del virrey estuviera en que él era un funcionario nombrado por Carlos IV y su primer ministro, Manuel Godoy. Desde inicios de 1808, cuando se supo del Motín de Aranjuez, que se produjo a mediados de marzo, en el que Fernando VII obligó a su padre Carlos IV a abdicar en su favor, y la consecuente expulsión de Godoy, es probable que Iturrigaray empezara a planear cómo sobrevivir políticamente. En su contra tuvo desde el inicio a los gachupines que se volcaron por Fernando VII desde el comienzo. 

La situación se complicó junio y julio de 1808, cuando en Nueva España se supo de las Abdicaciones de Bayona y del levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Se inició el debate sobre la situación y se formaron dos bandos: los absolutistas, agrupados en la Audiencia, encabezados por el inquisidor Bernardo Prado y Obejero; los criollos agrupados en el Ayuntamiento de la ciudad de México, encabezados por Francisco Primo de Verdad y Ramos. Los primeros sostenían que nada había que cambiar; los segundos propusieron la creación de una Junta que no estaría supeditada a ninguna de España y a Iturrigaray como gobernador.

El 9 de agosto Iturrigaray convocó la creación de la Junta, hubo 82 participantes. La Audiencia asistió bajo protesta y sostuvo que había que esperar órdenes de la Junta de Sevilla. Primo de Verdad y Francisco Azcárate sostuvieron la tesis de la retroversión de la soberanía a manos del pueblo en ausencia del rey. “Dos son las autoridades legítimas que reconocemos, la primera es la de nuestros soberanos, y la segunda de los ayuntamientos aprobada y confirmada por aquellos. La primera puede faltar faltando los Reyes…; la segunda es indefectible, por ser inmortal el pueblo…” (Verdad, 1977).

Con el agravante, para las autoridades españolas, de que Francisco Primo Verdad y Ramos sostenía que la Junta debía estar compuesta por los “naturales” del país y no los “nacidos en otro reino”. Con lo cual quedaba marcada la ruptura entre “gachupines” y criollos. La Inquisición sacó un edicto calificando de herejía esa tesis. Se acordó mantener a las autoridades vigentes hasta que Fernando VII o quienes tuviesen sus poderes legítimos decidieran otra cosa.

La tensión en ambos bandos se mantuvo hasta que el 15 de septiembre cuando un cuerpo del ejército incitado por la Audiencia arresta a Iturrigaray y su familia, y los deportan a Cádiz. También se arresta a los más destacados promotores de la Junta, Primo de Verdad, Francisco Azcárate, José Antonio de Cristo y Melchor de Talamantes. Los dos primeros morirían en la cárcel durante los siguientes meses. La Audiencia nombró como nuevo virrey a Pedro de Garibay, quien reconoció a la Junta de Sevilla como ente superior jerárquico, se impidió el surgimiento de ninguna junta en Nueva España y se mantuvo el orden colonial previo.

  1. El interregno de 1809, las Cortes de Cádiz y la Conjura de Valladolid

Aunque el golpe de Estado frustró la posibilidad de que la ciudad de México organizara una Junta Gubernativa, como las que se lograron en otros lados (como Buenos Aires, Caracas o Bogotá), la lucha de sectores criollos por imponerlas siguió vigente y explica los sucesos posteriores, como la llamada Conjura de Valladolid (Morelia) en 1809. 

El 25 de septiembre de 1808 se estableció en Aranjuez, la Junta Central Gobernativa del Reino, la cual pasó luego a Sevilla, por lo cual algunos la llaman la Junta de Sevilla. Esta junta pretendió gobernar en nombre del rey y representar a la nación, pero carecía de representación americana, detalle que intentaron subsanar enviando emisarios a América y en algún momento se autodenomina junta “Suprema de España y de Indias”. Pero la Junta Suprema solo ofreció que cada virreinato envíe un diputado que le represente en esta instancia.

El año 1809 estuvo marcado por la convocatoria a la creación de una Junta Central en Sevilla (22 de enero de 1809), por la novedad de ser la primera vez que se convocan a representantes de “las indias”, y por la elección de los mismos. A decir de Francois-Xavier Guerra la convocatoria tuvo un gran impacto en América y generaron un gran debate, por los términos de la convocatoria que decía: “… los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de las otras naciones, sino parte esencial de la monarquía española…” (Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 1993).

Lo que debió ser un acto de unificación de la “nación española”, de ambos lados del Atlántico, se constituyó desde su convocatoria en otro agravio contra América, fuente de conflicto y combustible para la lucha que estallaría en los siguientes años. Si bien les reconocía como parte esencial de la monarquía el documento les llamó “dominios”, lo cual resultó ofensivo para los americanos que consideraban que vivían en “reinos” con iguales derechos que los de España, como ya hemos explicado.

El criollo neogranadino, Camilo Torres, ripostó al respecto: “¿Qué imperio tiene la industriosa Cataluña sobre la Galicia; ni cual pueden ostentar ésta i otras populosas provincias sobre la Navarra?”. El “Catecismo político cristiano”, Chile 1810, decía más claramente: “Los habitantes y provincias de América sólo han jurado fidelidad a los Reyes de España… no han jurado fidelidad ni son vasallos de los habitantes i provincias de España”. El mexicano Servando de Mier, diría: “No puedo menos de picarme siempre que de ese este decreto oigo, …, recalcar en que se tenga presente que ya no son colonias. Era un insulto decirnos que antes lo eran…” (Ibidem).

El otro agravio fue la proporción de la representación americana en la Junta Central, nueve para toda América y 36 para España, quedando por fuera regiones importantes como Quito y Alto Perú. Causaría más controversia el debate de quiénes debían ser electos para la representación americana, solo criollos o si podían serlo funcionarios españoles, creándose dos partidos de hecho: el de los europeos y el de los criollos.

Pese a los inconvenientes señalados, Guerra afirma que en todo el continente se realizó de manera entusiasta el proceso eleccionario. El proceso consistió en que cada ayuntamiento elegía una terna, de la que luego al azar se escogía uno, hasta llegar al nivel del gobernador o virrey que hacía el sorteo final. Por supuesto, el pueblo no votaba, solo era espectador, y los ayuntamientos estaban controlados por las familias poderosas de la localidad, los patricios. Pero no todas las ciudades pudieron participar, generando protestas desde: Villahermosa, Campeche, Chihuahua, etc. (Ibid.).

Al parecer la suerte tendió a favorecer de manera torcida a las autoridades virreinales tradicionales, generándose multitud de conflictos. En una de las ciudades donde se suscitó un mayor enfrentamiento fue Valladolid (Morelia), en la que hubo denuncias de fraude para imponer al obispo Manuel Abad y Queipo, el mismo que había sido buen amigo de Hidalgo y poco después lo excomulgaría. Las denuncias fueron impulsadas por personalidades del criollismo que luego aparecerían implicadas en el llamado complot de Valladolid, como Michelena y Domínguez.

Por Nueva España, finalmente, el 4 de octubre de 1809, fue electo Miguel de Lardizábal y Uribe, aristócrata nacido en México, hijo de hacendados de origen vasco, que había sido parte del Consejo de Indias. Aunque ninguno de los diputados americanos llegó antes de la disolución de la Junta Suprema, lo cual sucedió de mala manera ante el avance de los franceses, Miguel de Lardizábal sí fue electo como uno de los cinco miembros del Consejo de Regencia, entidad que siguió a la junta pero que se tuvo que ubicar en Cádiz.

La disolución de la Junta Central o Suprema sin que llegaran a formalizarse la participación de los representantes americanos se consideró como una burla, y causó un gran repudio que alcanzó al propio Consejo de Regencia, cuya soberanía no fue reconocida por muchas juntas americanas, a partir de 1810. No resolvió tampoco las crecientes diferencias el que el 1 de enero de 1810 se convocaran elecciones para las Cortes, repitiendo la discriminación hacia Hispanoamérica en la cantidad de representantes a elegir, ni tampoco fue del todo satisfactoria la Constitución de 1812 que produjeron. 

En agosto de 1811, los diputados americanos ante las Cortes de Cádiz hicieron un largo escrito en el que negaban que los movimientos que se había suscitado en América tuvieran por objetivo la independencia de España: “En resumen, el deseo de independencia no es general en América, sino que es de la menor parte de ella. Aún ésta no la desea perpetua; y la que desea no es de los europeos, ni de la península, ni de la nación, ni del rey, ni de la monarquía, sino únicamente del gobierno que ve como ilegítimo. Por tanto, su revolución no es rebelión, ni sedición, ni cisma, ni tampoco independencia en la acepción política de la voz; sino un concepto u opinión de que los obliga a obedecer a este Gobierno, y les conviene en las actuales circunstancias formarse uno peculiar que los rija…” (Cádiz, 1977).

La constitución de Cádiz fue el reordenamiento institucional más liberal del sistema político español, “aunque se quedó a medio camino entre el absolutismo y el liberalismo consecuente, llegó tarde para evitar la Independencia…” (Beluche, La Constitución de Cádiz de 1812, 2013).

La clase de prejuicios colonialistas y racistas que impidió a los españoles, incluso los más liberales, ser capaces de aceptar a los americanos como iguales, queda retratada en una nota enviada a las Cortes de Cádiz por el Consulado de México (que reunía a la cúpula de los gachupines), al describir la sociedad novohispana de la siguiente manera despectiva:

“… los gustos y delicias del indio; él está dotado de una pereza y languidez que no pueden explicarse por ejemplos y su mayor regalo es la inclinación absoluta frugal sobre las necesidades físicas y substraído de las superfluidades sacrifica unos pocos días al descanso de todo el año, y jamás se mueve si el hambre o el vicio no le arrastran; estúpido por constitución, sin talento inventor, ni fuerza de pensamiento, aborrece las artes y oficios, y no hacen falta a su método de existir; borracho por instinto…

Tres millones de indios de esta condición habitan presentemente la Nueva España, y el cálculo es poco falible porque están matriculados para el tributo real 784,516 varones de 18 a 50 años… 

Dos millones de castas cuyos brazos tardos se emplean en el peonaje, servicio doméstico, oficios, artefactos y tropa, son de la misma condición, del mismo carácter, del mismo temperamento y de la misma negligencia del indio, sin embargo de criarse y existir a la sombra de las ciudades en donde forman la clase ruin del populacho…

Un millón de blancos que se llaman españoles americanos, muestran la superioridad sobre los otros cinco millones de indígenas, más por sus riquezas heredadas, por su carrera, por su lujo, por sus modales y por su refinamiento en los vicios, que por diferencias substanciales de índole, sentimientos, propensión según lo acredita la multitud de blancos sumidos en la plebe por sus dilapidaciones. 

Los españoles americanos se ocupan de arruinar la casa paterna, de estudiar en la juventud por la dirección de sus mayores, de colocarse en todos los destinos, oficios y rentas del Estado, y de profesar las facultades y artes, y de consolarse en la ausencia de sus riquezas con sueños y trazas de la independencia que ha de conducirlos a la dominación de las Américas” (Mexico, 1811). 

Dirigidos por José Mariano Michelena y José María García Obeso, los conjurados de Valladolid conspiraron en toda la región del Bajío para lograr la instauración por la fuerza de una Junta. Iniciaron la organización de insurrección por el mes de septiembre de 1809, y la misma estaba proyectada para lanzarse a partir del 21 de diciembre de ese año. Para sumar a indígenas y campesinos levantaron la propuesta de eliminar los tributos. Así lograron avanzar hasta que fueron delatados y arrestados, pero quedó sembrada la semilla, de la que germinó la Conspiración de Querétaro (1810), de Allende, Hidalgo, Aldama, Josefa Ortiz y otros.

  1. En 1810 hubo una revolución agraria

Es obligante preguntarse cómo es posible que muy rápidamente se pase de un reducido grupo de intelectuales y militares, que componían la llamada Conspiración de Querétaro, a un ejército de decena de miles de campesinos enardecidos que seguían al cura Hidalgo. Aparte del mito sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe enarbolada por Hidalgo, la mayoría de los historiadores no responde a la pregunta.

Pero hay un grupo de especialistas que han estudiado la relación entre los cambios climáticos, las sequías especialmente, la crisis agrícola y los movimientos políticos en México. Ellos sí nos dan la respuesta a la rápida radicalización del campesinado de la zona del Bajío: la sequía.

Según Florescano, una prueba de que este fenómeno tuvo un impacto fuerte sobre la política, lo representa el periodo que comprende los primeros años de la lucha de Independencia, debido a que hubo una sequía severa y continúa en el Virreinato en los años de 1808 a 1811. Esta grave variación climatológica se convirtió en una gran perturbación económica que afectó a una generación que desde 1785 había vivido una serie de desastres. Fue esta generación la que se levantó en armas en 1810. La sucesión de sequías, alzas de precios, carestía y hambre desde fines del siglo XVIII, quizás coadyuvó a que la sequía de 1808 fuese el detonador de un gran malestar social latente en la sociedad colonial. El descontento de una gran parte de las masas, en lugar de manifestarse en alborotos y protestas por la carestía, encontró su detonador político en la retórica revolucionaria de Miguel Hidalgo. La unión de ambos produjo el levantamiento de 1810. Este mismo autor señala que, quizás, si no hubiese habido la gran sequía de 1808-1811, el malestar campesino y el furor popular no hubiera coincidido con la demanda política de la Independencia” (Espinoza Cortés, s.f.).

Florescano analiza los procesos de sequías en el campo mejicano a lo largo de la historia, principalmente del periodo colonial. Describe que los años en que la sequía era muy severa se producían grandes migraciones de campesinos y peones de minas en dirección a las ciudades en busca de alimentos. Incluso explica cómo los grandes hacendados usaban el ciclo climático y agrícola para favorecerse a costa del campesinado medio, pobre e indígena.

Cuando las sucesivas sequías de 1808, 1809 y 1810 dejaron yerma la tierra y por esos campos estériles se extendió la rebelión de Hidalgo, las masas campesinas formaron el grueso de los ejércitos de la insurrección. Los rebeldes de 1810 eran campesinos desesperados, peones sin trabajo y hambrientos. La revolución de la independencia fue precedida por una sucesión de sequías, malas cosechas y crisis agrícolas y estalló al culminar una oleada de altos precios que agudizó la carestía, el hambre y la desesperación” (Florescano E. , 1980).

Esta realidad social del campesinado del Bajío es lo que explica que, tras el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, y de 80 presos que liberaron, según el mito, el movimiento se extendiera rápidamente por todos los pueblos de manera que, para el 21 de ese mes, cuando llegaron a Celaya, se estima que eran al menos 20 mil, entre campesinos y mineros. La violencia ejercida por las masas en el saqueo de Celaya y Guanajuato también dan cuenta del odio de clase larvado. A lo que podemos agregar que las masas alzadas convirtieran al cura Miguel Hidalgo y Costilla en caudillo del movimiento, por encima de militares profesionales como Ignacio Allende, éste último mucho más moderado en sus demandas.

Al llegar a Michoacán (Valladolid), por el 17 de octubre, ya el ejército insurgente sumaba más de 60 mil personas. Probablemente eran 80 mil cuando el 30 de octubre derrotaron a los españoles en el monte de las Cruces, próximos a ciudad de México, pero que Hidalgo, por razones desconocidas decide no tomar, luego que fracasó el intento de capitulación pacífica del virrey. Hidalgo volvió a Michoacán e Ignacio Allende tomó hacia Guanajuato.

Es interesante en los acontecimientos de 1810 el proceso de radicalización de Miguel Hidalgo, el cual no llega a formalizar la declaración de independencia, pero en su fuero personal queda convencido de esa necesidad, lo cual lo aleja de sus aliados, como Allende que llega a decir que el cura se dejaba llevar por la plebe y se estaba olvidando de Fernando VII (Villoro, 2009).

En un Manifiesto, de diciembre de 1810, emitido en Guadalajara, cuyo objetivo era defenderse de las acusaciones de herejía y de alejarse de la fe católica, termina diciendo Miguel Hidalgo: “Rompamos, americanos, esos lazos de ignominia con que nos han tenido ligados tanto tiempo: para conseguirlo no necesitamos sino de unirnos. Si nosotros no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo, veamos desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas a todos los que no son americanos…” (Hidalgo, 1977).

Junto a este Manifiesto, Hidalgo emite dos bandos, uno sobre las tierras, expropiándolas de los arrendatarios y devolviéndola a las comunidades de los naturales, y otro ordenando la libertad de los esclavos en un término de diez días so pena de muerte, y el cese del pago de tributos (Ibidem, pp. 44-45).

Esta radicalización de Hidalgo, bajo el influjo de las masas campesinas e indígenas enardecidas, fue produciendo diferencias cada vez mayores entre él y sus aliados originales, como Ignacio Allende. “Hay que envenenar al cabrón cura”, palabras de Allende refiriéndose al Cura Hidalgo. Esto lo exclamó cuando supo que Hidalgo había mandado asesinar entre 350 y 400 españoles en Guadalajara del 12 de dic de 1810 al 13 de enero de 1811” (Allende, 2018).

Aunque Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron detenidos el 21 de marzo de 1811, y posteriormente fueron ejecutados, la guerra civil se extendió durante 10 años, hasta 1821, a un costo en vidas que algunos calculan entre 600 mil y un millón de muertos y con la guerra civil extendida a toda Nueva España, especialmente en el sur, donde surgieron nuevos caudillos como J. M. Morelos y Vicente Guerrero (Villoro, 2009).

  1. La Junta de Zitácuaro y el Plan de Paz y Guerra

Ignacio López Rayón, que había sido secretario de Miguel Hidalgo, tomó el relevo al mando de la insurgencia luego del arresto y ejecución de los líderes iniciales que habían conformado la Conspiración de Querétaro, con quienes había iniciado la guerra. Ignacio era un criollo michoacano de buen nivel económico, dueño de minas, abogado de formación y uno de los elementos más cultos del movimiento, quien se unió a la guerra ya iniciada con una propuesta de formalizar un gobierno o junta que dirigiera coherentemente el movimiento.

López Rayón trabajó sistemáticamente para formalizar el gobierno desde que Hidalgo estaba en Guadalajara, en diciembre de 1810, y lo nombró como una especie de primer ministro. Por su gran capacidad, aunque no era militar de carrera, fue nombrado jefe del ejército insurgente, el 16 de marzo de 1811, cuando Hidalgo, Allende y Aldama trataban de llegar al norte en busca de apoyo para la causa. El 15 de abril de ese año pudo mostrar sus capacidades militares en la toma de la ciudad de Zacatecas.

En Zacatecas montó un efímero gobierno y escribió al virrey Venegas y al general realista Félix María Calleja una carta (22 de abril de 1811) en la que le propone un acuerdo y expresa el objetivo de la lucha: “…la piadosa América intenta erigir un Congreso o junta nacional bajo cuyos auspicios, conservando nuestra legislación eclesiástica y cristiana disciplina, permanezcan ilesos los derechos del muy amado Señor Don Fernando VII...” (Montano, s.f.).

Calleja rechazó la propuesta, pero le ofreció indulto si se rendía. Ignacio López salió de Zacatecas y se instaló en Zitácuaro, ciudad que pudo defender exitosamente del general realista Emparán.  En comunicación con José M. Morelos, en julio de 1811, Ignacio López Rayón organiza el gobierno que denomina Suprema Junta Nacional Americana. Morelos nombra al sacerdote José Sixto Verduzco para que lo represente en dicha junta.

De esta manera López Rayón, Verduzco y J. M. Liceaga firman el 21 de agosto de 1811 en llamado “Bando de Zitácuaro”, por el que proclaman: 

El Señor don Fernando VII y en su real nombre la Suprema Junta Nacional Americana, instalada para la conservación de sus derechos, defensa de la religión santa e indemnización y libertad de nuestra oprimida patria.

La falta de un jefe supremo en quien se depositasen las confianzas de la nación y a quien todos obedeciesen nos iba a precipitar en la más funesta anarquía, el desorden, la confusión, el despotismo y sus consecuencias necesarias eran los amargos frutos que comenzábamos a gustar después de once meses de trabajos y desvelos incesantes por el bien de la patria. 

Para ocurrir a tamaño mal y llenar las ideas adoptadas por nuestro gobierno y primeros representantes de la nación, se ha considerado de absoluta necesidad erigir un tribunal a quien se reconozca por supremo y a quien todos obedezcan, que arregle el plan de operaciones en toda nuestra América y dicte las providencias oportunas al buen orden político y económico” (López Rayón, s.f.).

Se puede apreciar que, a un año de iniciada la guerra civil, a mitad de 1811, los principales dirigentes del movimiento aún persistían en los dos objetivos iniciales: la creación de una Junta de gobierno que consideraran con legitimidad y representativa de los habitantes de Nueva España y, en segundo lugar, reconocer a Fernando VII como monarca legítimo.

Entre 1811 y 1812 el curso de la guerra fue altamente contradictorio: por un lado, nuevas ciudades, líderes y masas insurgentes aparecieron por todo el territorio de la Nueva España, y cobró especial fuerza en el sur, encabezada por J. M. Morelos. En estos meses aparecieron personajes importantes como Guadalupe Victoria o Manuel Mier y Terán, y el grupo de Los Guadalupe en ciudad de México, compuesto entre otros por Leona Vicario, esposa de Andrés Quintana Roo, José M. Sardaneta, Marques de San Juan de Rayas, que aportó importantes recursos. Pero, por otro lado, los ejércitos realistas, altamente disciplinados y bien entrenados, asestaron derrotas sistemáticas al movimiento, logrando controlar en gran medida la zona de El Bajío, donde había iniciado el movimiento.

En el lado negativo pesó el que Ignacio López Rayón no pudo sostener el control de la ciudad de Zitácuaro, la cual tuvo que abandonar, con la consiguiente dispersión de la Junta y la posterior disputa entre los vocales respecto a quién debía ostentar el mando. Llegó a Sultepec, López Rayón y su equipo. Desde esa ciudad, el 16 de marzo de 1812, su secretario el Dr. José María Cos, envía al virrey Venegas una misiva, cuyo objetivo central consistía en lo que hoy se llamaría “humanizar la guerra” pidiendo que se evitaran las atrocidades cometidas por los ejércitos realistas.

Desde nuestra perspectiva, es destacable la importancia de aquella misiva, que sería conocida como “Plan de Paz y de Guerra”, la cual es una apelación al sentido común y la humanidad de los gachupines, advirtiéndoles que el movimiento que se ha levantado no es efímero, y que siendo ellos los emigrados a esta tierra, les convendría ser menos crueles y aceptar las demandas, pues a la larga son quienes llevarán la peor parte. El otro elemento notable es que todavía, a dos años de iniciada la guerra, se sigue reconociendo como soberano a Fernando VII.

La nación americana a los europeos habitantes de este continente:

Hermanos, amigos y conciudadanos: la santa religión que profesamos, la recta razón, la humanidad, el parentesco, la amistad y cuantos vínculos respetables nos unen estrechamente de todos los modos que pueden unirse los habitantes de un mismo suelo, que veneran a un mismo soberano, y viven bajo la protección de unas propias leyes, exigen imperiosamente que prestéis atento oído a nuestras justas quejas y pretensiones…

Porque desengañémonos, éste no es un fenómeno instantáneo, un fuego fatuo de la duración de un minuto, ni un fermento que sólo ha inficionado alguna porción de la masa: toda la nación americana está conmovida, penetrada de sus derechos e impregnada del fuego sagrado del patriotismo, que, aunque solapado, causa su efecto por debajo de la superficie exterior y producirá algún día una explosión espantosa. 

¿Por ventura creéis que hay algún lugar donde no haya prendido la tea nacional? ¿Os persuadís de buena fe que vuestros soldados criollos son más adictos a vuestra causa que a la nuestra?

Habéis tenido la temeridad de arrogaros la suprema potestad, y bajo el augusto nombre del rey mandar orgullosa y despóticamente sobre un pueblo libre que no conoce otro soberano que a Fernando VII, cuya persona pretende representar cada uno de vosotros con atropellamientos que jamás ha ejecutado el mismo rey, ni los permitirá aún cuando éste asunto se opusiera a la soberanía; el que conociendo vosotros por un testimonio secreto de vuestra conciencia concierne directa y únicamente a los particulares individuos, tratáis con más severidad que si fuera relativo al mismo rey; habéis pretendido reasumir en vuestras privadas personas los sagrados derechos de religión, ley y patria…” (Cos, 1812).

Los principios que se sostienen en el Plan de Paz constituyen las demandas democráticas que inspiraban el movimiento desde sus inicios, y que han sido rechazadas por quienes defienden la monarquía absolutista. Tal vez es la exposición más coherente del programa de lucha de los insurgentes que se ha planteado desde el Grito de Dolores: 

Principios naturales y legales en que se funda:

  1. La soberanía reside en la masa de la nación.
  2. España y América son partes integrantes de la monarquía, sujetas al rey, pero iguales entre sí y sin dependencia o subordinación de una respecto de la otra. 
  3. Más derecho tiene la América fiel para convocar cortes y llamar representantes de los pocos patriotas de España contagiada de infidencia, que España llamar de América diputados, por medio de los cuales nunca podemos estar dignamente representados. 
  4. Ausente el soberano ningún derecho tienen los habitantes de la Península para apropiarse la suprema potestad y representarlo en estos dominios.
  5. Todas las autoridades dimanadas de este origen son nulas. 
  6. El conspirar contra ellos la nación americana, repugnando someterse a un imperio arbitrario, no es más que usar de su derecho.
  7. Lejos de ser esto un delito de lesa majestad (en caso de serlo, será de lesos gachupines, que no son majestad), es un servicio digno de reconocimiento al rey, y una satisfacción de su patriotismo que S.M. aprobaría si estuviese presente.
  8. Después de lo ocurrido en la Península y en este continente desde el trastorno del trono, la nación americana es acreedora a una garantía para su seguridad, y no puede ser otra que poner en ejecución el derecho que tiene de guardar estos dominios a su legítimo soberano por sí misma, sin intervención de gente europea.

    De tan incontrastables principios se deducen estas justas pretensiones: 

1.      Que los europeos resignen el mando y la fuerza armada en un congreso nacional e independiente de España, representativo de Fernando VII, que afiance sus derechos en estos dominios. 

2.      Que los europeos queden en clase de ciudadanos, viviendo bajo la protección de las leyes sin ser perjudicados en sus personas, familias ni haciendas. 

3.      Que los europeos actualmente empleados queden con los honores, fueros y privilegios y con alguna parte de las rentas de sus respectivos destinos; pero sin el ejercicio de ellos. 

4.      Que declarada y sancionada la independencia se echen en olvido de una y otra parte todos los agravios y acontecimientos pasados, tomándose a este fin las providencias más activas, y todos los habitantes de este suelo, así criollos como europeos, constituyan indistintamente una nación de ciudadanos americanos vasallos de Fernando VII, empeñados en promover la felicidad pública. 

5.      Que en tal caso la América podrá contribuir a los pocos españoles empeñados en sostener la guerra de España con las asignaciones que el Congreso nacional imponga en testimonio de su fraternidad con la Península, y de que ambas aspiren a un mismo fin.

6.      Que los europeos que quieran espontáneamente salir del reino obtengan pasaporte para donde más les acomode; pero en ese caso los empleados antes no percibirán la parte de rentas que se les asignare” (Ibidem).

A J. M. Morelos le va a gustar mucho este programa, en especial el que reza: “España y América son partes integrantes de la monarquía, sujetas al rey, pero iguales entre sí y sin dependencia o subordinación de una respecto de la otra”, lo que lo va a llevar a decir: “Viva España, pero España hermana no dominadora de América”(Morelos, 1874).

Paralelamente a la redacción y publicación del Plan de Paz y Guerra de José M. Cos, Ignacio López Rayón comenzó a redactar un esbozo de primera constitución política para el nuevo Estado, la cual se ha conocido como “Elementos Constitucionales”. Se estima que su redacción se hizo durante el mes de abril de 1812, pues con fecha del 30 de dicho mes López R. le remitió por carta a J. M. Morelos un primer borrador. El texto se haría público en septiembre, casi que al mismo momento en que las autoridades de la Real Audiencia de México juraban la Constitución de Cádiz, que había sido aprobada en marzo de 1812.  

Este documento reconoce importantes derechos sociales y civiles, como el final de la esclavitud, la libertad personal y de imprenta, el fin de la tortura, la libertad de comercio en los puertos, la eliminación de toda discriminación por linaje. Sin embargo, llama la atención la ausencia de derechos para el campesinado pobre, como el final de los tributos o la repartición de la tierra de las haciendas, que fueron en gran medida banderas de Miguel Hidalgo.

Los “Elementos Constitucionales” son otro paso hacia adelante en el proceso de la independencia ya que, aunque siguen bajo el reconocimiento de Fernando VII como soberano, y el enorme peso del catolicismo como religión oficial, ya no solo se dice que América es igual en libertad a España, sino que por primera vez se afirma que América es independiente de cualquier otra nación. Además de ello, se fija el proyecto de instituciones gubernamentales del nuevos Estado.

 En su parte política medular se lee:

4.  La América es libre e independiente de toda otra nación.

5. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor don Fernando VII   y su ejercicio          en el Supremo Congreso Nacional Americano.

6. Ningún otro derecho a esta soberanía puede ser atendido, por incontestable que parezca, cuando sea perjudicial a la independencia y felicidad de la Nación” (López Rayón, Elementos Constitucionales, 1812).   

Estos documentos son fruto de la gran capacidad política de Ignacio López R. y de su perseverancia en institucionalizar un proceso insurreccional que inició de manera precipitada y al que le había faltado un programa que fijara con claridad los objetivos de la lucha.

El Bando de Zitácuaro, el Plan de Paz y de Guerra y los Elementos Constitucionales, documentos emanados los difíciles años de la guerra de 1811 y 1812, prepararon el camino para el siguiente salto de calidad: la verdadera proclama de independencia por boca de José María Morelos en el Congreso de Anáhuac o Chilpancingo en 1813.

  1. El Congreso de Anáhuac y la Declaración de Independencia

Aunque López Rayón envió los Elementos Constitucionales a Morelos desde fines de abril, éste no pudo emitir juicio sobre los mismos hasta el 7 de noviembre de 1812. En carta a Rayón como presidente de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, Morelos aprueba el conjunto de la propuesta constitucional, reconociéndola como lo acordado con Miguel Hidalgo.

Esta carta a su vez constituye otro paso hacia la independencia absoluta de México porque es la primera vez en que José M. Morelos propone excluir por completo el nombre de Fernando VII como soberano. Pero las razones que da para ello no implican necesariamente ruptura con el modelo de gobierno monárquico absolutista, sino que parecen aludir al destino de Fernando VII como prisionero de los franceses, del que cree Morelos no podrá escapar.

“… por lo respectivo a la soberanía del Sr. D. Fernando VII, como es tan pública y notoria la suerte que le ha cabido a este grandísimo hombre, es necesario excluirlo para dar al público la Constitución” (Morelos, En carta personal a Rayón, Morelos ratifica las observaciones que hizo a los Elementos de la Constitución, 1812).

Sobre este punto surgirían diferencia entre Morelos y López Rayón, semejantes a las que previamente tuvieron Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Los dos sacerdotes tendían a expresar a los sectores más radicales del movimiento, en especial las demandas sociales del campesinado, mientras que Allende y Rayón, tal vez por provenir del sector social más acomodado de los criollos, expresaban un programa más moderado en lo político y lo social.

Todavía hubo que esperar casi un año para llegar a la proclamación de la independencia absoluta, con meses de por medio de cruel guerra civil, en la que por momentos parecían los vientos soplar a favor del bando “español” aunque, el grueso de los ejércitos realistas, estaban compuestos por “hijos de América”.

En junio de 1813, Morelos convoca un Congreso en Chilpancingo para recomponer la unidad tras la desbandada de la Junta de Zitácuaro. El Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, contó con la presencia de los principales jefes de la insurgencia: Ignacio López Rayón, José S. Verduzco, Quintana Roo, J. M. Liceaga, J. M. Cos, Carlos M. de Bustamante, J. M. Murguía, J. M. Herrera, Cornelio Ortiz y Carlos E. Castillo.

En su inauguración, el 14 de septiembre de 1813, J. M. Morelos presentó el documento que ha sido conocido como los Sentimientos de la Nación. Allí, por primera vez aparece la propuesta de la proclamación de una independencia absoluta de México (de América, dice) respecto de España sin ninguna alusión a Fernando VII como soberano. El punto 1 dice con claridad:

Que la América es libre e independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones” (Morelos, Sentimientos de la Nación. Morelos 1813, 1813).

Se dice que Ignacio López Rayón se manifestó en contra de este primer punto y se mantuvo en los criterios previos, provenientes desde el pronunciamiento del Ayuntamiento de México en 1808, por el cual se señalaba la independencia frente a la “nación española” pero bajo el reconocimiento del monarca Fernando VII como depositario de la soberanía (Zárate, 1880).

Como hemos dicho, López Rayón se muestra moderado en este punto crucial, frente a un Morelos que ya ha ido más allá. Las diferencias podrían estar fundadas en diferentes procedencias de clase.

Los puntos dos, tres y cuatro siguen rindiendo pleitesía al catolicismo, pero elimina la obligatoriedad del diezmo. El punto quinto señala que la soberanía emana del pueblo el cual la hace representarse en el Congreso Nacional Americano. Luego sigue la lógica de los Elementos Constitucionales de López Rayón en cuanto a división de poderes del estado, temporalidad de las autoridades, libertad de comercio en los puertos y derechos civiles.

Pero va más allá cuando en el punto 15 señala el final de la esclavitud y de las castas, declarándose a todos iguales; y en el punto 22, cuando se recogen las demandas campesinas de eliminación de tributos e impuestos como los estancos y alcabalas.

Finalmente, el 6 de noviembre de 1813 se lee en el Congreso de Anáhuac el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América, redactada por Carlos M. Bustamante y Andrés Quintana Roo, y que taxativamente dice:

El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente … que por las presentes circunstancias de la Europa, ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado; que en tal concepto, queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español… Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores, de obra, palabra, o por escrito…” (Anáhuac, Acta de Independencia de Chilpancingo. 6 de noviembre de 1813, 1977).

Paralelamente, José M. Morelos había emitido una proclama con fecha de 2 de noviembre de 1813, en la que tajantemente decía:

Somos libres por la gracia de Dios, e independientes de la soberbia tiranía española… De aquí es claro y por demostración matemática es ciertísimo, que la América tarde o temprano ganará, y los gachupines incontestablemente perderán; y perderán con ellos, honra, hacienda, y hasta la vida, los infames criollos que de este aviso en adelante fomentaren el gachupinato… Europeos, ya no os canséis de inventar gobiernitos. La América es libre aunque os pese… Yo protesto en nombre de la nación, perdonar la vida del europeo que se encuentre solo, y castigar con todo rigor al americano, uno o muchos, que se encontraren en compañía de un solo español…” (Morelos, Proclama de Tlacosanitlán, 1977).

Ahora sí la ruptura estaba consumada. Lo que había iniciado como moderadas demandas democráticas, de un sector social privilegiado y moderado, después de cinco años de represión y guerra cruenta de parte de los defensores de la monarquía, terminó por convertirse en una ruptura definitiva y una clara declaración de independencia. Morelos preveía el futuro incontenible de la independencia de América.

Lo que no pudo predecir fue la actitud timorata de los criollos que él amenazaba en la citada proclama, los cuales permitieron a “gachuinato” sobrevivir hasta 1821, cuando se declaró nuevamente la independencia, pero con objetivos reaccionarios, encabezada por gachupines y criollos moderados, en la que los revolucionarios sobrevivientes no fueron invitados más que desde lejos. Actitud inconsecuente de la élite criolla que terminaría costándole la vida al propio Morelos luego de una sarta de errores casi pueriles.

  1. La Constitución de Apatzingán y la muerte de Morelos

El Congreso de Chilpancingo o Anáhuac continuó funcionando los meses posteriores a la Declaración de Independencia hasta producir una Constitución Política formal, conocida por la historia como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, expedida en octubre de 1814.

En el interín de casi un año que medió entre los dos productos del Congreso se produjeron hechos importantes que afectaron el curso de la guerra. El primero de ellos, fue la respuesta de la Audiencia de México a la Declaración de Independencia, consistente en solicitar la suspensión de la Constitución de Cádiz, que habían jurado un año antes. Ello con el objetivo de revestir a Félix Calleja de todos los poderes para reprimir duramente a los alzados.

La guerra en sí misma marchó más bien en contra de los insurgentes, que sufrieron diversas derrotas: en diciembre de 1813 en Jerécuaro y Lomas de Santa María; en enero de 1814 en Puruarán, donde fue capturado Matamoros y luego fusilado; en marzo los realistas recuperaron Oaxaca y en Chila derrotaron y capturaron a Miguel Bravo, que acabó fusilado; en junio, en Coyuca, Galeana fue mortalmente herido en combate.

Estas derrotas y otros hechos produjeron una ruptura, con consecuencias violentas y eventuales choques entre los propios insurgentes, entre Ignacio López Rayón y otros caudillos, contra Juan Nepomuceno Rosáins, a quien señalaron incapacidad estratégica y responsabilidad en varias de las derrotas. A la larga el conflicto llevaría a Rosáins a una ruptura con el Congreso de Anáhuac, que lo destituyó. Luego de escapar acabó acogiéndose a la amnistía del gobierno virreinal.

El otro hecho importante de este período es la vuelta de Fernando VII y su restauración al trono de Madrid en mayo de 1814. A pesar de que inicialmente las Cortes de Cádiz le habían exigido jurar la Constitución de 1812, para dar paso a una monarquía constitucional, un grupo de diputados “serviles”, como se les conocía a los partidarios del absolutismo, redactaron el llamado Manifiesto de los Persas, rogándole repudiar la constitución. 

Así fue. El 4 de mayo anuló la Constitución de 1812 y todas las leyes expedidas en su ausencia “como si no hubiesen pasado jamás tales actos…”. Los argumentos absolutistas del rey son bastante claros y contrarios a los principios señalados tanto por los criollos como por los liberales españoles: “… las Cortes, las cuales en el mismo día de su instalación (…) me despojaron de la soberanía (…) atribuyéndola a la Nación, para apropiársela así ellos mismos, y dar a ésta (…) una Constitución que (…) ellos mismos sancionaron y publicaron en 1812… Este primer atentado contra las prerrogativas del trono (…) fue como la base de los muchos que a éste siguieron (…); se sancionaron, no leyes fundamentales de una Monarquía moderada, sino las de un Gobierno popular (…). (Fernando, 1814).

Los detalles de la restauración del absolutismo llegaron a la Nueva España hasta agosto de 1814, con dos consecuencias: del lado de los gachupines, el final de las instituciones constitucionales y la restauración de las más retardatarias, como la Inquisición; del lado insurgente, la reafirmación de la lucha por la independencia completa de España.

En junio, el Congreso de Anáhuac empezó los trabajos para formalizar una constitución, por supuesto, basados en los trabajos Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón. Incluso hay quienes señalan que hubo influencias de la Constitución de Cádiz(Constitución de Apatzingán, s.f.). El resultado sería el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, proclamado el 22 de octubre de 1814.

El problema de esta constitución fue su extremado formalismo que contrasta grandemente con la realidad de una guerra muy difícil en la que los insurgentes llevaban las de perder y no había manera que pudieran poner en práctica sus principios. El Decreto Constitucional consta de 242 artículos que precisan todos los aspectos de la vida pública del país con un enfoque claramente liberal y republicano de división de poderes, alternancia en los cargos, sistema electoral, ciudadanía, etc.

Desde el encabezado se señala el objetivo de “sustraerse” al dominio extranjero y al despotismo de la monarquía española. Si bien el Capítulo I, que consta de un solo artículo, inicia por lo habitual en la época, declarando la religión católica como la única; el Capítulo II y su articulado define la soberanía como emanada de los ciudadanos y representada a través de un congreso. Posteriormente define los tres poderes del Estado, sus funciones y formas de elección de autoridades, así como los derechos civiles más básicos de cualquier constitución liberal.

En el artículo 168, haciendo gala de una especie de “cretinismo parlamentario” (como diría Carlos Marx) define los límites del poder ejecutivo, impidiéndoles a sus miembros ser comandantes de la guerra, la cual aún no estaba ganada. Responsabilidad que recayó sobre tres personas que a la postre fueron: J. M. Liceaga, J. M. Moreles y J. M. Cos, los principales dirigentes de la guerra. Con lo cual, de hecho, se cortaron a sí mismos las manos, para decirlo metafóricamente.

Art. 168. Mandar personalmente en cuerpo, ni por alguno de sus individuos, ninguna fuerza armada; á no ser en circunstancias muy extraordinarias, y entónces deberá preceder la aprovacion del congreso” (Anáhuac, Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, 1814).

La pretensión de aplicar este artículo sacado del contexto de la realidad de la guerra llevaría a una crisis y al cisma entre los propios insurgentes y a nuevos desastres militares. A inicios de 1815, el primero en romper con este criterio constitucional y con todo el Congreso de Anáhuac fue J. M. Cos, quien tomó las armas para vengar el fusilamiento de Bernardo Abarca por Iturbide. El Congreso lo conminó a dejar las armas y Cos respondió repudiándolo y acusando a sus miembros de impedir a los jefes insurgentes hacer su deber en la guerra y de otros delitos. El Congreso entonces lo condenó a muerte y ordenó a Morelos aprehenderlo, lo cual no sucedió.

En noviembre de 1815, el Congreso de Anáhuac presionado por las tropas realistas decidieron trasladarse desde Uruapan hacia Tehuacán en el proceso, en la llamada batalla de Temalaca, cae preso J. M. Morelos, el cual sería llevado a la ciudad de México donde sería juzgado y condenado como hereje y “traidor a Dios, al Rey y al Papa”. Fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 (Espinosa Benavides, 2020).

En cuanto al Congreso de Anáhuac, éste fue disuelto por órdenes de Manuel Mier y Terán, que coincidía con los criterios de J. M. Cos, produciéndose una desbandada de los líderes militares insurgentes cada uno hacia una región distinta. Dando origen a una guerra de guerrillas diseminada por todo el territorio mexicano, pero sin un gobierno que las centralice.

  1. La crisis del bando insurgente y la independencia antiliberal de 1821

Entre 1815 y 1820, el bando insurgente que constaba de unos 20,000 combatientes, al inicio, sufrió reiteradas derrotas militares de un ejército realista fortalecido, mejor armado y entrenado que contaba con hasta 40,000 soldados. Las autoridades y jefes militares de la monarquía en Nueva España, especialmente a partir de septiembre de 1816, cuando Félix Calleja fue suplantado por el virrey Juan Ruiz de Apodaca, quien pretendía ser más conciliador, combinaron dos tácticas combinadas que les dieron resultados esperados: fusilamiento de los líderes con indultos a quienes se rendían. 

En ese interín, aceptaron indultos los jefes rebeldes: J. M. Vargas, Fermín Urtiz, Encarnación Rosas, José Santana, Marcos Castellano, Ramón López Rayón, Juan Mier y Terán, Francisco Osorno, Carlos Bustamante, Vicente Vargas, Melgarejo, Villagrán, Vicente Vargas, Inclán, Mariano Tercero, Juan Pablo Anaya, entre otros. Guadalupe Victoria no se indultó, pero luego de ser derrotado se escondió hasta 1821.

Fueron capturados: Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y Nicolás Bravo. Fueron capturados y fusilados o muertos en combate: Víctor Rosales, Ignacio Couto, Serafín Olarte, Benedicto López, José Págola, José Bermeo, Gordiano Guzmán, Guadalupe González y Mariano Sánchez Arriola. 

En diez años de guerra civil, habían muerto un millón de personas, la sexta parte de la población de la Nueva España. Esta situación a su vez tuvo efectos catastróficos sobre la economía del virreinato, con la paralización tanto de la actividad manera como de la agricultura (Landavazo, 2008). 

Durante unos meses de 1817, la expedición del español republicano Francisco Xavier Mina con tropas llegadas de fuera dio un aire a la guerra, pero en pocos meses, de abril a noviembre, sería derrotado, capturado y fusilado. Los siguientes dos años el único que logró resistir exitosamente fue Vicente Guerrero que se atrincheró en la Sierra Madre del Sur.

El otro problema fue la división entre las fuerzas insurgentes, como continuidad de la ruptura entre Rosáins, primero, e Ignacio López Rayón y J. M. Cos, después, con el Congreso de Anáhuac. Este último, previendo la persecución realista nombró una Junta Subalterna de Gobierno, que se conoció como Junta de Jaujilla, la cual no es reconocida por Juan Pablo Arroyo, el cual detiene a sus miembros en febrero de 1816.

Con posterioridad la Junta de Jaujilla y sus seguidores se agrupan en la llamada Junta de Uruapán, la cual nunca fue reconocida por Anaya, J. M. Cos, ni Ignacio López Rayón. Presionaos por la persecución realista se trasladan a Zárate donde se nombra una nueva Junta dirigida por Págola, Sánchez y Villaseñor, la cual tampoco es reconocida por José A. Torres. Finalmente se conforma, el 1 de abril de 1818, la Junta de Balsas, la cual nombra a Vicente Guerrero como máximo jefe militar.

En enero de 1820 se produjo en España un hecho que cambiaría por completo la situación para la guerra de independencia de toda América, incluida Nueva España: la revolución liberal del general Rafael de Riego.

La mayor expedición militar que Fernando VII pretendía enviar a América para terminar de aplastar la resistencia de los grupos insurgentes, a cargo del general Rafael de Riego, se sublevó y obligó al rey a aceptar la Constitución de Cádiz, inaugurando lo que se ha llamado el Trienio Liberal, hasta que fue aplastado por la invasión militar de la Santa Alianza en 1823, para restaurar una vez más el absolutismo, pero cuando ya era tarde para evitar la independencia de las Américas. 

En marzo de 1820, Fernando VII fue obligado por los militares a decir: “He oído vuestros votos, y cual tierno padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado la constitución por la cual suspirabais…” (Fernado, 1820). 

Por supuesto que la nueva situación política no gustó para nada a los acérrimos españolistas y absolutistas de la Nueva España, en especial las medidas contra el clero, como la abolición del diezmo y la Inquisición. Liderados por el cura Matías de Monteagudo, un grupo perteneciente a la Real Audiencia de México junto con algunos obispos, montaron la llamada Conspiración de La Profesa. 

Los conspiradores planificaron asumir la independencia de México, pero por razones completamente opuestas a lo que había sido el proyecto liberal de los insurgentes, su idea era mantener el control de las instituciones absolutistas de la Nueva España, y de las personas y familias que habían encarnado hasta ese momento lo más retrógrado del sistema monárquico, pero independientes del gobierno liberal que se había formado en Madrid.

Evidentemente era un proyecto reaccionario, claramente antiliberal. Como su instrumento militar nombraron a uno de los más feroces generales pro monárquico, Agustín de Iturbide. Como evidencia del proyecto reaccionario de independencia, el primer paso decidido por La Profesa, fue que Iturbide marchara al sur, derrotara a Vicente Guerrero para luego proclamar la independencia habiendo quitado de por medio a los liberales criollos.

En noviembre de 1820, Iturbide inició su expedición al sur contra las guerrillas de Vicente Guerrero. El problema es que los insurgentes rápidamente le asestaron golpes decisivos. El mismo Guerrero venció a una de sus columnas en la Batalla de Zapotepec, el 2 de enero de 1821. Así que, acicateado entre la dificultad de vencer a los rebeldes y la urgencia de proclamar la independencia del gobierno liberal español, Iturbide cambió de táctica y les escribe a Vicente Guerrero, el 10 de enero de 1821, para proponerle un acuerdo de paz.

Guerrero le contestó a Iturbide en carta fechada el 20 de enero, en los siguientes términos: “… nuestra única divisa es independencia y libertad. Si este sistema fuese aceptado por usted conformaremos nuestras relaciones, …, pero si no se separa del constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya, ni verá letra mía… ni me ha de convencer nunca a que abrace el partido del rey, sea el que fuere… me será más glorioso morir en campaña que rendir la cerviz al tirano… todo lo que no sea concerniente a la total independencia, lo disputaremos en el campo de batalla…” (Guerrero, 1821).

El acuerdo entre ambos bandos se formalizó en Acatempan el 10 de febrero de 1821, algunos historiadores señalan que Guerrero se reunió en persona con Iturbide, otros que señalan que no fue así, y que él estuvo representado por José Figueroa. Sea como sea se consumó el llamado Abrazo de Acatempan.

El siguiente paso consistió en la proclamación del llamado Plan de Iguala, o de “las tres garantías”, por parte de Iturbide: religión católica, unidad de todos los mexicanos e independencia de España (Iturbide, 1821).

Los 24 artículos del Plan de Iguala recogían muchos de los reclamos de los insurgentes: una Junta de Gobierno, religión católica, fin de la esclavitud, ciudadanía, derechos civiles, etc. Pero se proponía crear un régimen monárquico cuyo trono se ofrecía a Fernando VII o a algunos de los infantes de España. Con lo cual se evidencian las ideas absolutistas persistentes de los conspiradores de La Profesa. 

Pero los pocos aspectos constitucionalistas del Plan de Iguala no gustaron ni al virrey Apodaca, ni a los conspiradores quienes pretendían la independencia, pero bajo un régimen absolutista. De manera que, en marzo de 1821, Iturbide fue puesto fuera de la ley, pese a que había sugerido al virrey que presidiera la junta de gobierno y que se ofrecerá el trono de México al propio Fernando VII, al cual incluso les escribió personalmente.

El rechazo del Plan de Iguala por los realistas de ciudad de México y del propio virrey tuvo como efecto la división del bando monárquico y la mezcla de los leales a Iturbide con los viejos insurgentes en lo que se llamó el Ejército Trigarante. Desde España, en mayo de 1821, se procedió a la destitución de Apodaca y su reemplazo por un liberal que legó a estar preso bajo la restauración de Fernando VII, en 1814: Juan de O’Donojú, el cual arribó a Nueva España en agosto.

Después de la Batalla de Azcapotzalco, el 19 de agosto, Iturbide y O’Donojú se reunieron el 24 de agosto y firmaron los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, en los que se reconoce la independencia del Imperio Mexicano, con un régimen monárquico constitucional, que se ofreció a Fernando VII o a otro miembro de la dinastía borbónica, y en caso de que ninguno aceptara las Cortes designarían un soberano, el cual al fin y al cabo fue el propio Agustín de Iturbide.

El 16 de septiembre de 1821, O’Donojú e Iturbide proclamaron el final de la guerra. La Junta Provisional Gubernativa de 38 miembros que se designó se encontraba bien representada la oligarquía mexicana promonárquica hasta la última hora, pero ninguno de los jefes insurgentes que lucharon por la independencia fue convocado a participar, menos que menos, Vicente Guerrero, ni si quiera los más moderados, como Ignacio López Rayón, ni otros.

El 18 de mayo de 1822 el Congreso, electo de manera estamental al viejo estilo colonial, nombró a Agustín I como emperador del Imperio Mexicano. La lucha entre conservadores y reformistas liberales se prolongaría por todo el siglo XIX al igual que las guerras civiles.

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Olmedo Beluche sociólogo y analista político panameño, profesor de la Universidad de Panamá y militante del Partido Alternativa Popular.

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