Los casos de la “Estafa maestra” y de los científicos del Foro Consultivo son muy, muy diferentes

Crítica al artículo “Mafias universitarias…”

Por Jaime González

Román Munguía, estimadísimo compañero de lucha de muchos años, escribió recientemente su artículo “Mafias universitarias…”, publicado el día 12 del presente mes de octubre en el prestigioso sitio Rebelión. Días más tarde, fue también publicado en el sitio unidadsocialista.org, donde aparece junto con mi artículo “López Obrador y su 4T contra la ciencia”. De entrada, debo reconocer que el artículo de Román ha recibido muy elogiosos comentarios, y seguramente ha tenido un amplio impacto en círculos académicos y de izquierda.

Los elogios están muy merecidos en lo que respecta a la crítica sin tapujos de un tema que afecta profundamente la vida académica e intelectual en México, y que está elocuentemente expresado en la cita de Eduardo Subirats que Román incluye como epígrafe; a saber, “el estrangulamiento de la vida intelectual de nuestras aulas por jerarquías académicas que no se legitiman por su actividad científica sino por su astucia burocrática…” Se trata de un grave problema que es conocido en prácticamente todo el ámbito académico, pero que –en México– rara vez es tratado con la franqueza y seriedad con la que es abordado en “Mafias universitarias…”

Lo mejor de todo el artículo es la conclusión, plasmada en el párrafo final: ninguna ley o iniciativa burocrática va a resolver la profunda crisis de las instituciones de educación superior en nuestro país; más bien, “un movimiento para una reforma universitaria debe surgir de las propios estudiantes y académicos, pues no debemos esperar milagros de un Mesías redentor”.

Me ha inquietado, sin embargo, el trato que Román le da al caso de las acusaciones contra las 31 personas que ocupan u ocuparon cargos directivos en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para las cuales la Fiscalía General de la República (FGR) ha buscado –infructuosamente– que un juez federal emita órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada, y lavado de dinero. Paso a citar el final del párrafo con el que inicia la sección III del artículo de Román: “Ha habido escándalos públicos de universidades o de grupos de ‘científicos’ por la malversación de fondos públicos. Es el caso de la ‘Estafa maestra’ que involucró a universidades públicas, o más reciente el fraude de exintegrantes del Foro Consultivo del Conacyt en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.” El primer caso, ampliamente conocido como la “Estafa maestra”, salió a la luz pública a raíz de una investigación realizada en 2018 por el sitio Animal Político y por la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, quienes “detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones”. Como consecuencia de esta denuncia pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó las diligencias e investigaciones correspondientes, las cuales confirmaron la enorme magnitud del fraude, así como la participación de secretarías de estado, organismos públicos y universidades. Hasta ahí, Román tiene toda la razón en presentar dicho caso para apoyar la argumentación de su artículo; pero debo expresar mi extrañamiento cuando menciona a continuación “el fraude” de ex integrantes del Foro Consultivo. Voy a intentar sintetizar los aspectos fundamentales de este segundo caso, aunque tanto el contexto como otros aspectos más relevantes pueden ser consultados en mi artículo sobre el tema que mencioné al principio del presente escrito.

La disputa entre el Foro Consultivo y el CONACYT

En el último párrafo de la sección III de su artículo, Román parece darle la razón a las monstruosas acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra de las 31 personalidades científicas del Foro Consultivo, sin emitir siquiera un comentario crítico al respecto. Trataré de dar una breve explicación de los hechos, para fundamentar por qué debemos rechazar la cacería de brujas emprendida por AMLO y la FGR.

Hasta fines del 2019, el Foro consultivo recibió recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los cuales estaban destinados a que pudiera cumplir con las funciones que tenía encomendadas en la Ley de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, en 2019 las autoridades del CONACYT determinaron suspender la entrega de dichos recursos debido a que –argumentaron– el Foro estaba constituído como una Asociación Civil, y no formaba parte de la estructura gubernamental. El Foro solicitó un amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa, el cual emitió una sentencia favorable a los directivos del Foro. Las autoridades del CONACYT se inconformaron con esta sentencia, y el caso fue atraído por la Suprema Corte. Sin embargo, para evitar una nueva sentencia favorable al Foro, las mencionadas autoridades del CONACYT modificaron el Estatuto Orgánico de su institución, de tal forma que el Foro perdió su personalidad jurídica. El resultado fue que el 14 de julio del presente año, 2021, la Suprema Corte decidió que no podía resolver el fondo del asunto porque la situación jurídica del Foro había cambiado.

Para sustentar sus afirmaciones sobre el Foro, Román da como referencia un artículo publicado por la BBC, mismo que pretende presentar de forma equilibrada los puntos de vista de la PGR, de AMLO, y de los 31 miembros de la comunidad científica que están siendo investigados; sin embargo, dicho artículo omite hechos cruciales, tales como el papel que el Artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología –aún vigente– le encomienda al Foro: “Se  constituye  el  Foro  Consultivo  Científico  y  Tecnológico  como  órgano  autónomo  y  permanente  de consulta  del  Poder  Ejecutivo,  del  Consejo  General  y  de  la  Junta  de  Gobierno  del  CONACyT,  el  cual  se establecerá y operará conforme a las siguientes bases…”. Lo que es más, la fracción VI de dicho artículo especifica que la mesa directiva del Foro “tendrá las facultades legales para la celebración de todos los actos jurídicos necesarios  para  la  administración  de  los  recursos  que  se  asignen…” Quizás esta omisión de la BBC es lo que llevó a Román a presentar el equivocado argumento de que “los científicos recibieron más de 561 millones de pesos para gastos operativos y actividades que por ley le corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”.

El mismo vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, declaró públicamente que el Foro había recibido 571 millones de pesos durante un periodo de 16 años, correspondientes a períodos presidenciales anteriores al de AMLO. No argumenta que esos fondos le correspondían al CONACYT, ya que se trata de fondos entregados al Foro por el mismo CONACYT, conforme a lo dispuesto en la citada Ley. El argumento del vocero de la presidencia es más bien que sólo 100 millones de pesos fueron utilizados para proyectos de ciencia y tecnología, y el resto se usaron en gastos operativos como tintorería, viajes, comidas, organización de eventos, y otros. Una de las quejas más sentidas por parte del vocero presidencial fue que, después de que el gobierno de AMLO cambiara las reglas de financiamiento, el Foro presionó para recibir 33 millones de pesos adicionales. Resulta incomprensible, sin embargo, determinar qué tienen que ver los argumentos del vocero presidencial con las acusaciones de la FGR.

Asimismo, el origen de la solicitud de las órdenes de aprehensión fue una denuncia interpuesta por las autoridades del CONACYT a raíz de haber detectado “varios gastos excesivos”, tales como los mencionados por el vocero presidencial, y que ocurrieron en períodos presidenciales anteriores. Tal como dije en el artículo “AMLO y su 4T contra ciencia”, no es difícil comprender por qué un juez federal ha negado en dos ocasiones la solicitud de emitir las órdenes de aprehensión por parte de la FGR: los hechos imputados no corresponden a delitos del orden penal, y mucho menos a los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Tampoco es difícil comprender por qué la persecución de los 31 miembros de la comunidad científica ha provocado un escándalo tanto a nivel nacional como internacional.

Dicho sea de paso, la FGR ha anunciado que realizará un tercer intento por lograr la expedición de las órdenes de aprehensión.

Los motivos de AMLO

No quisiera entrar a discutir si los “gastos excesivos” que se les imputan significan que existe la posibilidad de que –en efecto– los 31 miembros de la comunidad científica hayan incurrido en delitos: fue hasta el jueves 14 de octubre que la FGR entregó una copia digitalizada de la carpeta de investigación  a una de las acusadas, Gabriela Dutrénit. Esta última comentó con periodistas que la carpeta tiene más de 20,000 páginas, no está individualizada, y que les va a llevar tiempo analizarla. Los hechos por los cuales el gobierno pretende sustentar los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por poner dos ejemplos, permanecen hoy en la oscuridad de los tenebrosos pasadizos de la FGR.

Lo que sí es posible afirmar es que las razones de esta persecución no radican en que el gobierno de la autodenominada 4T esté buscando terminar con gastos excesivos y lujos por parte de minorías privilegiadas. Más bien, lo que AMLO y el Fiscal General Gertz Manero buscan es intimidar y domeñar a la comunidad científica y académica, y especialmente a quienes protestaron por los recortes presupuestales realizados desde el inicio de la pretendida 4T. Existe también una actitud de desdén de AMLO hacia la ciencia, como lo ha venido mostrando repetidamente durante la pandemia; sin embargo, lo más importante para el máximo dirigente de la 4T es controlar a los organismos que gozan de algún grado de autonomía.

Debemos tomar muy en serio los recientes ataques de AMLO hacia la UNAM: la intención del gobierno de la 4T no es la de impulsar una gran reforma universitaria para desterrar a los grupos de poder burocráticos enquistados en las instituciones académicas; al contrario, muchos de estos grupos van a ser los primeros en sumarse a la obediencia y a las alabanzas al caudillo. Lo que busca AMLO es debilitar y domeñar a una de las instituciones más plurales, autónomas y de enraizada tradición rebelde que hay en México. Estudiantes y académicos ya han comenzado lo que tiene todos los visos de convertirse en una vigorosa protesta. Hoy no es posible saber hasta dónde querrá AMLO llevar esta confrontación; pero definitivamente le está dando muchísimos aliados a los miembros de la comunidad científica que están siendo perseguidos.

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