Los derechos reproductivos de las mujeres en México

Elia Cordova Duarte

[El siguiente artículo fue originalmente publicado el 10 de junio del presente año, 2022, en la revista estadounidense Solidarity (solidarity-us.org).]

La lucha por la emancipación de la mujer en México ha transcurrido por un camino largo y difícil, lleno de obstáculos de todo tipo: ideológicos, culturales, religiosos, legales. Los derechos reproductivos no son la excepción. Muchas instituciones religiosas, médicas, políticas, culturales y otras buscan imponernos todo tipo de normas sin tener en cuenta nuestro derecho más básico a decidir sobre nuestro propio cuerpo. El aborto había sido ilegal en México desde la promulgación de los códigos penales de 1871, 1929 y 1931, además de los anteproyectos de los códigos de 1949 y 1958 para el Distrito Federal, y de 1963 para la República Mexicana. Las feministas se han venido organizando por los derechos reproductivos a través de acciones tales como:

El Primer Día Nacional del Aborto, en 1976.

Proyecto Maternidad Voluntaria, en 1979.

Fundación del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto, en 1991.

Campaña por el acceso de las mujeres a la justicia, en 1998.

El movimiento tuvo su primera victoria en el año 2000 con la aprobación de la Ley Robles por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (entidad que se llama Ciudad de México). Esta ley autorizó el aborto hasta las 12 semanas de embarazo en algunos casos (graves riesgos para la salud/muerte, anormalidad fetal, inseminación forzada). Tendrían que pasar siete años más de esfuerzos insistentes de los grupos feministas para que el aborto fuera completamente legal en la Ciudad de México, y se destinaran presupuestos para brindarlo en instituciones de salud pública y hospitales, bajo las condiciones higiénicas necesarias.

La Ley Robles fue inmediatamente atacada por las fuerzas católicas conservadoras. El Arzobispo de México y líderes de la Iglesia amenazaron con excomulgar sumariamente a todas aquellas personas involucradas en la promoción del aborto. El 25 de septiembre del año 2000, un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa —diecisiete del Partido Acción Nacional (PAN) y cinco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Robles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un año y cuatro meses después, con una votación de siete a cuatro, la SCJN resolvió que no había inconstitucionalidad, y la reforma fue ratificada. En consecuencia, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Salud del Distrito Federal emitieron normas para regular los servicios, procedimientos y obligaciones de los servidores públicos para la realización del aborto legal.

Esta victoria dio lugar a reformas adicionales, una de las cuales excluyó la responsabilidad penal por abortar, y entró en vigor el 27 de enero de 2004. Esto allanó el camino para la despenalización del aborto. En noviembre de 2006, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alternativa Socialdemócrata presentaron ante la Asamblea Legislativa una nueva iniciativa de reforma para despenalizar el aborto en todos los casos.

Una vez más, la Iglesia Católica y los partidos políticos conservadores impugnaron la ley en los tribunales. Pero luego de un año y cuatro meses de deliberación y audiencias públicas sobre el tema, con ocho votos a favor de un total de once magistrados, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal, sentando así jurisprudencia sobre el tema.

Esta sentencia que despenalizaba el aborto sentó un precedente, a pesar de que en ese momento el país tenía un gobierno de derecha, a pesar también de la gran influencia de la Iglesia Católica, y a pesar de la polémica que rodeaba este tema. No sólo se movilizaron organizaciones feministas y de derechos humanos, sino también grupos de intelectuales, artistas, científicos, académicos, analistas políticos, periodistas, amas de casa y ciudadanía en general.

El tema común ha sido la exigencia de legalizar el aborto para todas las mujeres como un derecho vital, gratuito y de fácil acceso.

La criminalización del aborto perjudica a las más vulnerables

La lucha contra la criminalización del aborto y contra las penas de prisión para las mujeres —incluidas las que han sufrido abortos espontáneos— se lleva a cabo desde hace muchos años. Quienes más sufren la criminalización son las mujeres de los estratos económicos más bajos de la sociedad. Las mujeres de estratos sociales privilegiados han podido costear la interrupción de un embarazo no deseado mediante viajar a países donde el aborto es legal y se puede practicar con mejores condiciones de salud y atención médica.

De acuerdo con un documento emitido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en México se registraron 380 procesos penales en relación con el aborto, y en la última década las autoridades mexicanas han recibido 3,656 denuncias por este tema. Del total de mujeres sospechosas de tener abortos ilegales, el 33.78% fue a juicio, el 43.54% fue condenado, mientras que el 22.58% cumple penas de prisión. Entre 2010 y 2020 hubo 28 mujeres en prisión por abortar en México.

A pesar de la criminalización, cada año se practican entre 700,000 y más de un millón de abortos. Las cifras exactas no se conocen y son sólo estimaciones, debido al carácter clandestino de esta práctica en la mayoría de los estados. La gran mayoría de las mujeres que deciden abortar están sujetas a consecuencias psicológicas, sociales, legales y físicas que conllevan el riesgo de tener que esconderse como delincuentes e incluso perder la vida.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016 encontró que 9.4 millones de mujeres entre 15 y 49 años habían quedado embarazadas en los últimos 5 años; de éstas, poco más de un millón dijeron que habían tenido al menos un aborto. Esto da una idea de la tasa de aborto en México.

Las mujeres de los estratos más desprotegidos de la población son las que están más expuestas a morir por un aborto mal realizado (con comadronas, servicios médicos clandestinos o métodos inseguros). Aproximadamente el 36% de las que abortan tienen complicaciones que requieren tratamiento médico; alrededor de una cuarta parte de estas mujeres no reciben la atención que necesitan, pero entre las mujeres pobres de las zonas rurales el 43% no tiene acceso a la atención postaborto.

Desde 2007, cuando se aprobó el aborto en las primeras 12 semanas en la Ciudad de México, muchas mujeres de otros estados han viajado a la capital mexicana para acceder a un procedimiento seguro. Según el gobierno local, entre 2007 y junio de 2021 se realizaron 237,643 abortos legales.

El movimiento ha presionado fuertemente al gobierno

El aborto está tan estigmatizado que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha negado a hablar del tema. En consecuencia, ha recibido duras críticas por parte de múltiples colectivos feministas. La vulnerabilidad de las mujeres se ha visto exacerbada por la pandemia. Justo antes de que esta última se extendiera, hubo un amplio movimiento que sentó un precedente de disidencia y movilizaciones en todo el país, y había logrado arrinconar al gobierno de AMLO. Sólo el estallido de la pandemia evitó que la administración sufriera una derrota política de graves consecuencias. En repetidas ocasiones, los grupos feministas chocaron con el gobierno que se negó a escucharlos, llegando incluso a levantar barreras alrededor del Palacio Nacional para mantener alejadas a las activistas y evitar las demandas feministas de abortos gratuitos y seguros. Asimismo, el gobierno de AMLO se ha negado a atender los reclamos de la violencia de género generalizada, la inseguridad que se vive en nuestro país, así como los reclamos de acción efectiva contra las desapariciones y feminicidios.

Producto de la presión política en torno al aborto, AMLO se vio obligado a trasladar el asunto a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), la cual el 7 de septiembre de 2021 emitió un fallo para el Estado de Coahuila donde resolvió que la penalización del aborto era inconstitucional. Esta resolución ahora se aplica a todos los demás estados, que deben eliminar las leyes que penalizan el aborto. El fallo de la SCJN ha llegado a raíz de las movilizaciones realizadas por las mujeres. Sin embargo, debe enfatizarse que este fallo es una victoria incompleta. Tenemos un largo camino por recorrer para que el aborto sea un derecho para todas las mujeres, gratuito y legislado dentro de la constitución. Una cosa es despenalizar el aborto —que las mujeres no tengan que ir a la cárcel por interrumpir un embarazo no deseado— y otra es ejercerlo como un derecho inscrito en la ley, donde el estado tendría la obligación de crear todas las condiciones para que las mujeres puede tener acceso a un procedimiento seguro y gratuito.

Derecho al aborto en los estados

Hasta el momento, de las 32 entidades que conforman la República Mexicana sólo unos cuantos estados han logrado que sus organismos legislativos aprueben el derecho a interrumpir un embarazo no deseado y elevado este derecho a rango constitucional. Mientras tanto, las discusiones continúan en los estados restantes. Incluso en los estados donde ha sido despenalizado o legalizado, el aborto sólo está permitido en las primeras 12 semanas de embarazo, y en otros está limitado sólo a los casos en que la salud y/o la vida de la madre y el feto estén en riesgo, como es el caso de Guanajuato y Querétaro.

Los siguientes estados han legalizado el aborto:

Oaxaca: 25 de septiembre de 2019 (hasta 12 semanas de gestación).

Hidalgo: 30 de julio de 2021 (hasta 12 semanas de gestación).

Chiapas: El 7 de julio de 2021 la SCJN declaró inconstitucional el artículo 181 del Código Penal del estado. En Chiapas, el aborto era considerado un delito (incluso en el caso de violación) cuando se solicitaba después de los primeros 90 días de embarazo. Como consecuencia de la resolución del Tribunal Supremo, se eliminaron los plazos para la realización del procedimiento.

Veracruz: 20 de julio de 2021 (12 semanas de gestación).

Coahuila: El 7 de septiembre de 2021, como se explicó anteriormente, la SCJN se pronunció por unanimidad sobre la inconstitucionalidad de la ley que penaliza el aborto.

Baja California: 30 de octubre de 2021.

En Durango, el 15 de diciembre de 2021 la iniciativa popular para despenalizar el aborto fue aceptada tras la entrega de 7,642 firmas por parte de la Comisión de Participación Ciudadana.

En Guerrero, desde el 18 de enero de 2022 la Cámara de Diputados del estado ha tomado el tema de la legalización.

Una de las primeras iniciativas para la despenalización del aborto en México fue presentada en 1936 por la maestra y escritora cubana Ofelia Domínguez Navarro en su ponencia “El aborto por razones sociales y económicas”. Colectivos y grupos feministas en los años sesenta retomaron esta iniciativa, y hasta el día de hoy la lucha por el derecho al aborto involucra a un número significativo de mujeres en México. Nuestro objetivo es establecer el derecho al aborto seguro y gratuito para todas las mujeres en México que deciden interrumpir un embarazo no deseado. Esto incluye el requisito de que el aborto sea realizado por profesionales con las protecciones sanitarias vigentes y en las mejores condiciones posibles.

Además debemos de exigir el fin a la violencia de género, que es otra causante de embarazos no deseados. Es imperativo poner un alto a los feminicidios que han tapizado a nuestro país, exigir el cese a los abusos y el hostigamiento sexual hacia las mujeres. Exijamos un servicio de salud digno y eficiente, por un mundo donde la equidad sea la bandera que ondee bajo los vientos de igualdad y fraternidad.

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